El Constitucional ampara al dueño de un piso embargado que adquirió Royuela
El Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia por la que concede amparo al empresario catalán Miguel Gallés, a quien le fue embargado en 1985 un piso valorado en 19 millones de pesetas para cubrir el pago de 94.235 pesetas de las costas judiciales. El piso fue adjudicado a Alberto Royuela Fernández -un profesional de las subastas, conocido por sus vinculaciones ultraderechistas- por la suma de 200.000 pesetas.Royuela ha sido investigado por las presuntas actividades delictivas de un grupo formado por alrededor de 40 personas, conocidos como los subasteros, que actúan coordinadamente en las subastas de bienes convocadas por las Magistraturas de Trabajo de Barcelona.
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha resuelto otorgar parcialmente el amparo solicitado por el empresario catalán y declarar la nulidad de la providencia de 14 de julio de 1984 de la Magistratura de Trabajo número 11 de Barcelona que ordenaba la subasta del piso de Gallés. El alto tribunal estima que "el magistrado de Trabajo pudo y debió, al menos, trasladar al letrado de la parte hoy recurrente en amparo aquellas notificaciones que fueron devueltas por encontrarse en paradero desconocido el destinatario, para así posibilitar su defensa". El Constitucional ordena retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de la notificación de la providencia.
El empresario Miguel Gallés acordó en acto de conciliación celebrado en febrero de 1982 indemnizar a su ex empleado Francisco Villar con la suma de 400.000 pesetas, que serían abonadas en plazos. Una posterior actuación judicial del trabajador, que alegó dificultades económicas, motivó la venta de un vehículo propiedad de Gallés para abonar la indemnización.
