Un instrumento jurídico fundamentaI
El plan técnico se plantea como el instrumento jurídico fundamental que posibilitará el funcionamiento de tres nuevos canales permitidos en la ley de televisión privada. El Parlamento catalán acordó el pasado 26 de julio presentar recurso de inconstitucionalidad contra esta ley, medida que también ha sido anunciada por Alianza Popular.Según se desprende de las declaraciones del ministro Barrionuevo, que vienen a corroborar otras informaciones anteriores, dicho plan adoptará la forma de real decreto, por lo que será aprobado por el Gobierno de forma urgente.
El plan regula los sistemas de transporte y difusión de las señales previstos para la prestación de servicios por parte de las sociedades concesionarias, las bandas, canales, frecuencias y potencias reservadas para la emisión de programas, así como el emplazamiento y diagramas de irradiación de los centros emisores. El sistema de transporte de la señal -la red- se configura, por tanto, como uno de los puntos más esenciales del plan. Parece seguro que se utilizará la actual red de Televisión Española, que es básicamente una red de radioenlaces terrestres. Pero se necesitará para ello una adecuación de esta red.
A tenor de los cálculos de algunos ingenieros de telecomunicación, la adecuación de la red costará entre 20.000 y 30.000 millones de pesetas según se pretenda alcanzar el 60% o el 80% de cobertura de la población, respectivamente. Según las mismas fuentes de expertos, la adecuación de la red tardará en hacerse unos 18 meses, por lo que se ha podido deducir que las televisiones privadas no podrían entrar en funcionamiento antes de 1990, año en que acaba la actual legislatura.
Desde el punto de vista técnico, cabe otra solución que parece ser la que ha adoptado el ministerio para hacer llegar las señales a las zonas previstas: el satélite, que servirá para suplir la falta de radioenlaces terrestres.
Por lo demás, el plan técnico se muestra como un instrumento político, puesto que el Gobierno ha de decidir, entre otras cosas, las emisiones propias para determinadas comunidades autónomas.
