Las inversiones en infraestructura registraran un fuerte aumento en los Presupuestos para 1989

La nueva política presupuestaria que proyecta el Gobierno para 1989 se centra en fuertes aumentos de las inversiones públicas en infraestructuras materiales (transportes y comunicaciones, obras hidráulicas y de regadíos, aprovisionamientos, etcétera), cierta prioridad también a las infraestructuras inmateriales (educación, formación profesional e investigación y desarrollo), nuevos intentos de reducir el déficit público, y desaceleración en el incremento de los ingresos riscales.

Sin aportar cifras para el futuro, el secretario de Estado de Hacienda, José Borrell; el secretario general de Planificación y Presupuestos, Antonio Zabalza, y otros altos cargos de la Administración manifestaron la intención de abrir una nueva etapa en la política presupuestaria a partir de 1989. Borrell insistió en que "todavía no hay ninguna decisión gubernamental" sobre el próximo proyecto de Presupuestos. Pero todo parece indicar que éste deja en un segundo plano la mejora de los servicios públicos y no incluye entre sus prioridades reales a las puras transferencias sociales (subsidios directos de paro, pensiones, etcétera)_Más en línea con la última conferencia de prensa de Felipe González, la cúpula de Hacienda, al inaugurar ayer un curso sobre Reestructuración y saneamiento del sector público, 19821988, en la universidad internacional Menéndez Pelayo, dejó claro que la máxima prioridad presupuestaria de los próximos años será mejorar las infraestructuras fisicas e inmateriales para evitar "cuellos de botella" en un proceso de crecimiento económico que suponen seguirá a ritmos similares a los actuales. La apuesta consiste en aproximar el nivel de infraestructuras a. los patronos europeos, tanto por satisfacer a corto plazo a la mayoría de los contribuyentes (con mejores carreteras o comunicaciones) como, sobre todo, por fácilitar la actividad económica privada y multiplicar su productividad y sus rendimientos. Se piensa que las empresas trabajarán con menores costes y resultarán así más competitivas.

Servicios públicos

La diferencia de esta política con la seguida hasta ahora es que ya no se considera necesario poner el acento en reestructurar y sanear la economía española y las propias cuentas públicas, motivo al que los altos cargos de Hacienda achacaron la insatisfacción de los contribuyentes con la calidad de los servicios públicos. Tampoco se consideran razonables aumentos tan fuertes de la presión fiscal global, que en los últimos dos años ha crecido a un ritmo de casi dos puntos de producto interior bruto (PIB).

En efecto, el balance 1982-1987 presentado ayer por Borrell indica que en el último quinquenio los ingresos tributarios han batido todo un récord histórico, al crecer siete puntos (desde el 25% del PIB, hasta casi el 32%), mientras el gasto de las administraciones públicas aumentó 4,5 puntos (alcanzó un máximo del 42%. en 1986, para luego flexionar ligeramente, y por primera vez, a la baja) y los 2,5 puntos restantes han sido aplicados a reducir el déficit desde casi un 6% en 1982 hasta cerca del 3% en que terminará el presente año. Del aumento del gasto, algo más de la mitad (2,3 puntos) han servido en ese período para pagar los intereses de la deuda pública.

El resto se ha repartido entre incrementar el consumo público (sanidad, educación, policía y Ejército) y las transferencias sociales.

Borrell dijo que los objetivos de seaneamiento que se formuló el Gobierno se han conseguido. Y añadió que, además de contribuir a reducir la inflación y los déficit, esa política ha permitido incrementar la presión fiscal global "sin aumentar la individual, gracias a que los impuestos se han generalizado" y se ha desarrollado en un marco de descentralización. Y no sólo se "ha democratizado" así el ingreso público, sino que también dijo que ha ocurrido lo mismo por el lado del gasto por el aumento de pensionistas y beneficiarios de la sanidad, donde los recursos no han crecido en volumen real, lo que explica que "haya bajado la calidad media del servicio".

Además de quejarse de que los principales beneficiarios del gasto no se reconocen como tales -se refería en concreto a trabajadores afectados por la reconversión industrial, empresarios exportadores y concesionarios de autopistas-, el secretario de Estado denotó como principales focos de preocupación para el futuro, el reconocimiento del mundo empresarial y la coordinación de las comunidades autónomas.