Incidentes en el Palacio de Justicia
Múltiples incidentes han jalonado la vista oral del juicio por la desaparición de Santiago Corella, que, por ejemplo, hubo de ser suspendido en cuatro ocasiones después de que se recibiesen otras tantas amenazas de bomba. Desde el 16 de junio, los abogados defensores José Emilio Rodríguez Menéndez y Manuel Tuero han contado con escolta policial, tras denunciar que se preparaba un atentado contra ellos. Este temor fue considerado por la acusación como una maniobra dilatoria para provocar la suspensión del juicio. En todo caso, el vestíbulo de la sala se vio inundado desde entonces de policías de escolta y de guardias civiles.Rodríguez Menéndez, por activa o por pasiva, se ha visto relacionado con la mayoría de esos incidentes. Sus discrepancias con el presidente de la sala, el magistrado Salvador Domínguez, han sido numerosas y vehementes, llegando a costarle al letrado una multa de 30.000 pesetas por desacato al tribunal. El defensor del comisario Francisco Javier Fernández Álvarez ha mantenido también un constante enfrentamiento, muchas veces más allá de lo procesal, con el abogado de la acusación Jaime Sanz de Bremond.
Este enfrentamiento se ha traducido en diversas protestas entrecruzadas sobre la actuación del otro y que, en ocasiones, ha llegado hasta los pasillos. El acusador tildaba al defensor de ser "el rey del bluff", a lo que el segundo le respondía que Sanz de Bremond actuaba como "un oráculo". A todo ello, súmense las descalificaciones de incapacidad jurídica de los contrarios.
Armas en la sala
Otro abogado, Manuel Tuero, defensor de dos los agentes procesados, denunció ante la sala haber sido objeto de escuchas telefónicas en su despacho profesional. Pese a que sus sospechas se centran en la brigada anticorrupción de la Policía como autora de esta actividad, Tuero se confesó "buen ciudadano español, por lo que acusó a los soviéticos de este incidente".
La brigada anticorrupcíón protagonizó otro altercado, al ser descubiertos dos de sus agentes, portando armas y grabando el desarrollo del juicio. Este hecho motivó una enérgica actuación de Salvador Domínguez, quien ordenó a la Guardia Civil que Impidiese la entrada en la sala de toda persona armada, sin estar autorizada para ello.
La presencia de testigos entre el público escuchando otras declaraciones también produjo nuevas interrupciones de la vista y requirimientos del tribunal para que abandonaran la sala.
Por último, diversos testimonios provocaron nuevas investigaciones -rastreos en pantanos, por ejemplo- que han retardado el final del juicio.
