El Gobierno adecua las leyes procesales a la sentencia del Constitucional

El Gobierno proyecta, realizar una reforma procesal para adecuar las leyes a la sentencia de¡ Tribunal Constitucional por la que se impide que los jueces que hayan instruido un sumario puedan juzgar el caso, según confirmó ayer el ministro de Justicia, Enrique Múgica, tras reunirse con los representantes de las tres asociaciones de jueces.Múgica anunció que técnicos del Ministerio y del Consejo General del Poder Judicial estudian las posibilidades existentes para solucionar el problema planteado con la inconstitucionalidad de la ley sobre el enjuiciamiento de los delitos dolosos, menos graves y flagrantes, y que los representantes de los jueces serán consultados.

José Luis Calvo, portavoz del Consejo, afirmó que miembros del organismo han celebrado una reunión con el fiscal general del Estado, Javier Moscoso, para tratar sobre el problema, y que se barajan tres posibilidades: la sustitución de los jueces entre la instrucción y el juicio, el reparto de los asuntos a través del decanato o que unos jueces sean los encargados de instruir los sumarlos y otros de juzgarlos.

La sentencia del Tribunal Constitucional ha originado la suspensión de la inmensa mayoría de los juicios en los casos de delitos menos graves, es decir con penas inferiores a seis años de prisión.

Instructor y juzgador

A este respecto el fiscal general del Estado, Javier Moscoso, dirigió ayer una circular a los fiscales jefes de las Audiencias para que procuren que se cumpla en el futuro el principio de la separación entre el instructor y el juzgador. Moscoso aconseja que en los procedimientos citados se encomiende la investigación a la policía judicial y que el fiscal le pida las diligencias que desee.Ayer representantes de las tres asociaciones de magistrados mantuvieron una reunión con el ministro y altos cargos del departamento de Justicia en la que trataron sobre las reivindicaciones económicas de los primeros y las medidas propuestas para mejorar la actual situación de los juzgados y tribunales.

Las asociaciones consideraron positiva la convocatoria del ministro y su receptividad. José Gabaldón, por la conservadora y mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura; Juan Alberto Belloch, por los progresistas Jueces para la Democracia, y Francisco Marín, por la asociación moderada Francisco de Vitoria, agradecieron que Múgica haya asumido la respuesta por escrito de Felipe González a las reivindicaciones planteadas por la magistratura y que fueron hechas suyas por el Consejo. Sin embargo, destacaron que las retribuciones para el presente año no son nada favorables.