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AP cuestiona la legalidad del cobro de 3.064 millones en determinadas licencias urbanísticas de Madrid

El grupo de Alianza Popular en el Ayuntamiento de Madrid pedirá en el pleno del viernes que se dejen de cobrar, preventivamente, las liquidaciones que el municipio exige a cuenta, por reparcelación económica discontinua, a aquellas personas que solicitan licencia de construcción en determinados polígonos. La Gerencia de Urbanismo lleva percibidos por este concepto, llamado popularmente impuesto revolucionario, 3.064 millones de pesetas. Afianza Popular quiere que se devuelvan estas cantidades, cuyo cobro considera "de dudosa legalidad".

El proceso de reparcelación normal se produce cuando al menos un 60% de los propietarios de solares de un polígono se pone de acuerdo para reparcelar los terrenos, según las directrices fijadas por el plan general. El sistema obliga a los propietarios a deducir del total del polígono los espacios correspondientes a equipamientos y viarios y a ceder obligatoriamente al Ayuntamiento un 10% del suelo, antes de repartirse los terrenos edificables.

Sin embargo, en muchos polígonos existen zonas consolidadas que no es necesario cambiar. Para estos casos, el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid incluyó la figura de la reparcelación económica discontinua. Por ella, la reparcelación del polígono afecta exclusivamente a los propietarios de suelo vacante.

Los representantes de AP consideran que es a partir de ese momento cuando se produce una situación irregular, pues cuando los propietarios de los lotes de terreno reparcelado piden al Ayuntamiento una licencia de construcción se encuentran con que han de pagar, además de la licencia, una liquidación a cuenta de las cargas de planeamiento de ese polígono.

Según AP, se da así la paradoja de que quedan eximidos de esta liquidación aquellos propietarios del mismo polígono que ya tienen sus inmuebles construidos y no necesitan pedir una licencia. Estos propietarios, además, se benefician de las cesiones obligatorias de terreno realizadas por sus convecinos. Para AP, ello vulnera, entre otros preceptos, "el principio general establecido en nuestra legislación urbanística de la distribución equitativa de las cargas y beneficios".

Según el concejal Vicente Díez Zazo, la Gerencia de Urbanismo ha cobrado por este concepto desde 1986 un total de 3.064 millones de pesetas.

AP se ha opuesto a esta figura desde que fue incluida en el avance del plan general y tiene presentado un recurso ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Territorial, cuyo fallo se espera para antes de fin de año.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 26 de julio de 1988

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