La acusación aumenta su petición de pena para dos de los tres principales implicados en el 'caso el Nani'
La acusación del caso el Nani aumentó ayer, en sus conclusiones definitivas, la petición de pena para dos de los tres principales implicados, los inspectores Victoriano Gutiérrez Lobo y Francisco Aguilar González, mientras que la redujo para el comisario Francisco Fernández Alvarez. Los defensores pidieron la absolución de sus clientes e intentaron infructuosamente recusar al tribunal por considerar que, al haber instruido parte del sumario, no puede sentenciar.
La pena solicitada por los representantes legales de la familia Corella a los inspectores Francisco Aguilar González y Victoriano Gutiérrez Lobo aumenta de 42 años y 11 meses a 43 años y 6 meses, y de 42 años y 10 meses a 43 años y 4 meses, respectivamente. La diferencia fundamental radica en que la acusación considera probado que ha habido un delito continuado en falsedad documental -con las supuestas firmas falsas del Nani, con el acta de registro de su casa, etcétera..-y no uno solo.Por ello los acusadores solicitan para estos agentes una condena de 16 años en vez de 12 años por este delito. Sin embargo, la petición baja en lo que se refiere a la supuesta detención ilegal del Nani sin acreditar su puesta en libertad -de 30 años a 26 y 8 meses- por entender que no existen agravantes en la actuación de los agentes, como podría ser la alevosía o la premeditación.
El resto de delitos que la acusación pide para el inspector Gutiérrez Lobo son cuatro meses por torturas a Soledad Montero, esposa del Nani, y otros tantos por igual infracción respecto a Santiago Corella. Asimismo, solicita 24 años y 2 meses de suspensión o inhabilitación en cualquier cuerpo de seguridad y 440.00 pesetas de multas. Respecto al inspector Aguilar, los acusadores solicitan seis meses por un delito de torturas a Ángel Manzano e igual pena y tiempo por otra al Nani. Igualmente, 22 años de inhabilitación y 400.000 pesetas de multa.
La pena solicitada para el comisario Fernández Alvarez por los acusadores se reduce de 61 años y 4 meses a 56 años y 4 meses, ya que los delitos de detención ilegal, al carecer de agravantes, son rebajados en 10 años. Por el contrario, aumenta en cuatro años la pena global por el delito continuado de falsedad. Asimismo, se piden seis meses y dos de cuatro meses por torturas a Manzano, Montero y al Nani. Por último, se solicitan 56 años de inhabilitación y 450.000 pesetas de multa.
Para el resto de procesados, la acusación mantiene los seis meses de arresto para los inspectores Felipe Pindado, Gonzalo Álvarez y Miguel Ángel Lebrón por presuntas torturas a Manzano. Por último, el inspector José María Pérez ve reducida la petición de su pena en un mes, al reducirse de 11 meses a 10 por dos supuestos delitos contra Montero y Manzano. Para estos cuatro agentes se solicitan 44 años y 2 meses de inhabilitación y 40.000 pesetas de multa a cada uno.
La Fiscalía del Estado, representada por Fausto Cartagena, mantiene sus peticiones: 36 años y 11 meses para Fernández Alvarez, 33 años y 8 meses para Francisco Aguilar, 33 años y 6 meses para Victoriano Gutiérrez, 8 meses para Pérez Gutiérrez y 5 para los otros tres procesados.
Abusos contra 'el Nani'
El fiscal Cartagena ha modificado su relación de hechos y considera ahora que "en el transcurso del interrogatorio [de los policías al Nani], como aquellos a consecuencia de los abusos ejercidos en el detenido, le abocaron a un estado que no iba a resistir la apreciación de los médicos forenses, ni podrían justificar ante la autoridad judicial, para evitar que fuese conocido y con la finalidad de evitar las responsabilidades contraídas, los procesados Fernández, Gutiérrez y Aguilar -con la colaboración de otras personas, policías o no- decidieron llevárselo sin su voluntad de las dependencias de la brigada".El ministerio público continúa el relato señalando que el Nani fue "sacado [de comisaría], trasladado en un vehículo y mantenido oculto en un lugar no determinado, sin acreditarse que fuese puesto en libertad, no dando cuenta de su paradero". El fiscal considera que tal paradero es conocido por los agentes, que no han querido revelarlo al tribunal, "así como tampoco lo sucedido".
Por su parte, los cuatro defensores pidieron la absolución de los siete policías, "con todos los pronunciamientos favorables", ya que, en su opinión, no ha existido ningún delito en el quehacer de estos agentes. Minutos antes de que todas las partes personadas en el proceso dictaminasen sus conclusiones definitivas, los abogados defensores plantearon y pidieron la recusación del tribunal.
Tal recusación, que acarrearía la constitución de un nuevo tribunal, fue alegada por el abogado Manuel Tuero basándose en una sentencia del Tribunal Constitucional del pasado día 12 que recoge la posibilidad de recusar al juez que haya instruido un sumario y vaya también a juzgarlo; de modo que sea otro magistrado quien sentencie. Para Tuero, si el tribunal no accedía a la petición, "podría suponer una falta de imparcialidad", por lo que solicitaba un nuevo tribunal y la libertad provisional para los agentes.
El tribunal rechazó "de plano" la recusación por entender que "jurídicamente no tiene consistencia" y que se "estipula un hecho sobrevenido posteriormente", dijo su presidente, Salvador Domínguez. "Tranquilícense", añadió dirigiéndose a los procesados, "la sala aún no ha decidido la sentencia".
