Las implicaciones del subcomisario español surgieron gracias a las pesquisas iniciadas en el extranjero

Las implicaciones judiciales en España del subcomisario José Amedo, de 42 años, han sido consecuencia de dos investigaciones emprendidas en el extranjero, concretamente por jueces de Portugal y de Francia. La principal pista surge a raíz de la detención del mercenario portugués Paulo Figueiredo Fontes, el 13 de febrero de 1986, tras el atentado ese mismo día contra el bar Consolation. Figueiredo comienza entonces a colaborar con la justicia francesa, portuguesa y, más tarde, con la española. Su declaración pone en marcha a la justicia ftancesa, que, a través de comisión rogatoria a Portugal, logra detener a cuatro mercenanos portugueses y a Jean-Philippe Labade, ejecutores de los atentados.

Durante el juicio celebrado en Lisboa, Labade declaró que actuó en esas acciones terroristas porque fue contratado por policías españoles. Días después de aquel juicio, Amedo no acudió a una citación ante el juzgado número 1 de Bilbao en relación con las diligencias sobre el asesinato del dirigente de Herri Batasuna Santiago Brouard. El juez le había llamado en su calidad de policía que investigó el caso.Las investigaciones derivadas del sumario portugués siguieron la pista, ofrecida por Labade, de que las entrevistas para acordar esos atentados se celebraron en el hotel Ritz de Lisboa. Una factura de ese establecimiento hotelero, coincidente con las fechas aportadas por Labade sobre las entrevistas, había sido pagada precisamente con la tarjeta Visa de Amedo.

En mayo de 1987, el juez de Bayona (Francia) Christophe Seys, que investigaba dos atentados cometidos en 1986, inició gestiones para que Amedo compareciera ante él, tras conocer el sumario portugués.

Este juez y su colega Riverolles solicitaron interrogar a Amedo. El interrogatorio, realizado en la Audiencia Nacional conjuntamente entre los dos magistrados franceses y el español Carlos Bueren -era necesaria la presencia de un juez español-, llevó a Seys a emitir ese mes una orden internacional de busca y captura de Amedo por su presunta relación con los GAL.

Ese mismo noviembre el juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren inició por su parte una investigación, tras recibir en mano una copia del sumario instruido en Francia por Seys, entregada con motivo del viaje de los dos magistrados franceses.

En diciembre de 1987, el fiscal de la Audiencia Nacional encargado del caso solicitó al juez que investigara la tarjeta de crédito con la que supuestamente el subcomisario pagó gastos de restaurante y hotel en Portugal, así como movimientos de la cuenta a la que se asignaban los gastos de la tarjeta. Según la informe aportado por el Consejo Superior Bancario, Amedo gastó 27 millones de pesetas entre 1985 y 1987, lo que el policía atribuye a una herencia y lo que, en otra hipótesis, puede constituir pagos a mercenarios.

Un informe remitido al juez español por el director general de la Policía José María Rodríguez Colorado explicaba que los viajes del subcomisario a Portugal en 1986 tuvieron carácter oficial, fueron autorizados por sus superiores y pagados con fondos reservados de Interior.

El 15 de diciembre, Amedo, citado ya a declarar por sus presuntas vinculaciones con los GAL, invocó la Constitución para no declarar.

En enero de 1988 el juez Francisco José Castro MeiJe -primer instructor del sumario- envió las 'nvestigaciones sobre el caso Amedo a la Sala de lo Penal de la Audiencia, proponiendo el procesamiento de Amedo (al ser policía, está aforado y sólo puede procesarle la Audiencia Nacional). La Sala dictó un auto en el mes de marzo por el que se devolvían al juez las diligencias, al considerar que existían "sospechas" Pero no "indicios" de culpabilidad, en una distinción semántica que justificó la negativa para no procesarle.

Mientras tanto, en el mes de febrero, un juez de Bayona emitía una nueva orden de busca y captura contra el subcomisario español. El 16 de febrero el juez Baltasar Garzón sustituyó a Castro Meije al frente de la investigación del caso Amedo. Garzón reemprendió sus investigaciones, que han tenido como último capítulo el auto en el que ordena el ingreso en prisión de Amedo y el policía Michel Domínguez -de origen francés- quien supuestamente secundó al comisario en sus acciones.

Michel Domínguez ingresó en la policía en el País Vasco en diciembre de 1982. Tras destaparse las presuntas relaciones de policías con los GAL, Domínguez fue trasladado a Madrid. Se le considera el policía que acompafló a Amedo en Lisboa.