El Estado portugués vende el 49% de un banco y de una empresa cervecera estatales

La fecha del 7 de julio de 1988 quedará probablemente en la historia de la economía portuguesa como el punto de arranque del proceso de privatización, aunque la decisión del Gobierno de Cavaco Silva tenga sobre todo un valor simbólico. La venta por el Estado del 49% del capital del Banco Totta y Acores y de la cervecera Unicer tiene, más que nada, el significado de romper con el principio de la irreversible de las nacionalizaciones decretadas en marzo de 1975, en el auge del proceso revolucionario que brotó en Portugal después de la revolución de los claveles.

Después de algunas peripecias (el tribunal competente consideró inconstitucional el texto de la ley de privatizaciones inicialmente votado por el Parlamento de Lisboa), el Gobierno de Cavaco Silva consiguió la promulgación por el presidente Soares de la legislación que permite la transformación de las empresas estatales en sociedades anónimas y la apertura a la inversión privada de estas sociedades hasta el 49% de su capital. El mismo día en que el primer presidente socialista de la República Portuguesa ratificaba la promulgación de la legislación, el Consejo de Ministros anunciaba cuáles serían las primeras empresas afectadas: el Banco Totta y Acores y Unicer.Tratándose de un estreno, las empresas escogidas son, en más de un aspecto, simbólicas. Por un lado, Cavaco Silva dijo siempre que no podía tratarse de vender al lector privado "monos o elefantes blancos", o sea, empresas sin viabilidad económica, y por otro lado, que el Estado se libere de una serie de empresas que no tienen nada que ver con la noción de sector público y de servicio público.

En el caso de Unicer, el doble requisito está perfectamente ejemplarizado: que la fabricación y la comercialización de la cerveza escapa totalmente a la esfera de responsabilidad del Estado; hasta el propio Gorbachov estaría de acuerdo con la afirmación. Pero, al mismo tiempo, Unicer, con un capital social de apenas 6.000 millones de pesetas y beneficios de cerca de 14.000 millones en 1987, es una empresa capaz de suscitar el mayor interés por parte del capital privado.

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En el sector bancario, la privatización parcial del Totta y Acores infringe uno de los principios de la doctrina comunista, el del control del Estado sobre la actividad bancaria, pero escoge para este fin un banco mediano. Con un capital social de 8.000 millones de pesetas y beneficios de 557 millones en 1987, el Totta no pertenece d grupo de los grandes, pero tampoco figura entre los bancos estatales en peores condiciones para enfrentar la competencia.En los dos casos, Cavaco Silva parece haber querido dar una muestra de lo que será la política del Gobierno una vez conseguida la revisión constitucional y la eliminación de todas las barreras jurídicas al proceso de reprivatizaciones: ni "privatización de los beneficios", entregando a la iniciativa privada las empresas más rentables, ni "socialización de los costes", quedándose el Estado exclusivamente con las empresas condenadas a dar perjuicios.

El ministro de Finanzas, Miguel Cadilhe, anunció para dentro de 8 a 10 días la promulgación de los textos legales que determinarán las condiciones para la venta de las dos empresas, pero se sabe ya que la bolsa será el medio escogido.

La decisión del Gobierno portugués suscitó enérgicas reacciones, tanto de la derecha como de la izquierda. Los democristianos del CDS consideran que Cavaco Silva trata de engañar a la opinión pública porque la verdadera privatización es aquella que afecta a la totalidad de una empresa. Los comunistas consideran que se trata de un favor hecho por el Gobierno a los grandes grupos económicos, y los socialistas han interpelado al Gobierno.