Barrionuevo, la obsesión del terrorismo

La prioridad otorgada por Felipe González a la lucha antiterrorista centró la actividad del ministro del Interior, José Barrionuevo, quien obtuvo éxitos importantes aunque no definitivos en este campo. Estos avances se han visto ahora empañados por la sospecha, ventilándose en los tribunales, de que policías e instituciones españolas financiaron las actividades terroristas de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).El equipo socialista abrió el cauce de la negociación con la organización terrorista, dinámica ahora normalizada pero difícil de creer antes de que Barrionuevo realizara una oferta pública de reinserción a ETA en el verano de 1984. El equipo se ha distinguido también, en casos críticos a través de órdenes de la Moncloa, por sus enfrentamientos con el poder judicial

La Unión Sindical de Policías, sindicato próximo al PSOE pero desplazado de responsabilidad, así como el Sindicato Profesional de Policía, lanzaron las primeras campañas críticas contra el departamento. Ello se unió a las guerras abiertas entre altos funcionarios del departamento. Primero fue la suscitada contra el guerrista Carlos Sanjuán, que defendía entonces criterios más progresistas y avanzados que el resto del equipo, decidido a ralentizar las reformas que se habían prometido urgentes desde la oposición.

Posteriormente, se entabló la larga y fría lucha entre el entonces subsecretario, Rafael Vera, y el director de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal. El enfrentamiento se saldó con la salida de éste último a pesar de que gozaba de la absoluta confianza y amistad personal del ministro y fue el impulsor de importantes éxitos en la lucha antiterrorista -cegamiento de las vías de financiación de ETA, operaciones Sokoa y Santi Potros, desarticulación de importantes comandos etarras y primeras entrevistas con el desaparecido Txomin Iturbe para llegar a una solución negociada con ETA-.

La reforma de la policía y los cuerpos de seguridad fue aplazada. El proyecto de ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado, que debía coordinar la unificación policial y delimitar los ámbitos de actuación de los nuevos cuerpos, tardó cuatro años en ver la luz y aún restan por abordar nuevos reglamentos que desarrollen esa ley.

La justicia y los GAL

La lucha antiterrorista se abordó desde varios frentes: colaboración internacional, presión policial, desnaturalización de las reivindicaciones y apoyos a los terroristas y generosa reinserción social de los etarras a cambio del abandono de los atentados. Sin embargo, la actividad policial no obtuvo eficaces resultados hasta años después de octubre de 1982, posiblemente por el desplazamiento del comisario Manuel Ballesteros al frente la lucha antiterrorista, posteriormente rescatado por Rafael Vera.La actividad de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que iniciaron su camino terrorista pocas semanas después de que el PSOE llegara al Gobierno, contribuyó también, según distintas opiniones, al debilitamiento de ETA. La inseguridad de los terroristas en el santuario francés, las dificultades de la cúpula para reunirse y reorganizarse y la tensión en el País Vasco del país vecino provocaron una disminución de la capacidad operativa de ETA.

Después de existir numerosas sospechas judiciales en España sobre la financiación de los GAL por policías e instituciones españolas, algunas constatadas por las justicias francesa y portuguesa, numerosas fuentes están convencidas de que la actividad de este grupo terrorista formó parte de la estrategia del Gobierno socialista para acabar con ETA.

La actividad de los GAL también contribuyó enormemente a que las autoridades francesas se decidieran a colaborar efectivamente con España en la lucha antiterrorista. Sin duda, el apoyo francés está siendo decisivo en la paulatina neutralización de la ofensiva etarra. Vera, que venció no pocas suspicacias de sus colegas franceses, desconocedores de la realidad política española, aguantó con la más educada sonrisa algunos gestos de no muy buen tono de los responsables franceses. La política seguida por París de deportaciones, extradiciones y las entregas por vía de urgencia de etarras y residentes vascos en el sur de Francia desestabilizó el santuario desde donde ETA sembraba tranquilamente e impunemente el terror en España.

Rafael Vera ha sido el principal artífice de la decisiva colaboración francesa y el hombre que ha movido los hilos de ese complicado departamento tras la última crisis en la que fue ascendido a secretario de Estado para la Seguridad. Vera impuso su estilo y forma de trabajar, y Barrionuevo prefirió mantenerse un poco en la sombra.

Es necesario hacer constancia de errores y torpezas cometidos por este departamento. Todavía sigue en curso el proceso judicial por el supuesto espionaje policial a partidos políticos, los hechos comprobados denuncias sobre torturas y malos tratos en dependencias policiales, las confusiones de fotografías de terroristas enviadas a los medios de comunicación, los peinados indiscriminados de barrios en busca de pistas sobre etarras o los indefendibles fallos de los servicios de información que han supuesto el asalto a viviendas en busca de un secuestrado sin confirmar previamente la información más básica.

Más sombras aún ofrece la política del Ministerio respecto a sus propios funcionarios. Las numerosas acusaciones sobre la llamada mafia policial se pueden resumir en el proceso que todavía no ha terminado y que ha sentado en el banquillo de los acusados a siete policías. La desaparición de El Nani, en diciembre de 1983, destapó un cúmulo de irregularidades de los procedimientos que se siguen en dependencias policiales.