Materia deslizante

La temporada de los parques acuáticos ha comenzado. Con el éxito del año pasado llegó también la alerta sobre estos centros de recreo: dos accidentes mortales. Entonces no había una legislación específica que aplicar y los promotores temieron que esa imagen de inseguridad hiciera patinar el negocio. La Administración no disimuló cierta inquietud por los peligros de esta nueva forma de diversión. Pero ¿qué ha cambiado en un año? La normativa creada se reduce a los reglamentos aprobados por sólo tres Gobiernos regionales, aunque en su territorio funciona el 75% de los 26 parques acuáticos españoles.

El invento ha tenido éxito y el negocio es redondo. Alrededor de 4,5 millones de entradas registraron las 24 instalaciones españolas existentes en 1987. La facturación global se calculó en unos 5.800 millones de pesetas. Este año se han unido dos centros más, situados en Sevilla y Málaga. Existen proyectos para construir otros 15. Estas cifras convierten a España en el país del mundo con mayor densidad en instalaciones de este tipo.Los cinco accidentes mortales ocurridos desde que abrieron los primeros, en Torremolinos y Mataró, en 1984, han obligado a que empresarios y políticos reaccionen.

Conscientes de que el peligro no es buena publicidad, los propietarios están constituyendo una federación para defender sus intereses. Para los próximos meses han anunciado la elaboración de un manual de seguridad para el usuario y de un código ético para el promotor.

Dentro de esta dinámica se sitúan también las normativas creadas en tres de las seis comunidades autónomas en las que hay parques acuáticos (Baleares, Cataluña y Andalucía). Quedan aún por concretar su legislación Madrid, Levante y Canarias (con una cuarta parte del total de centros).

Sin cambios

Según Francisco José Planelles, portavoz de los parques y director de Aquasherry Park, en Cádiz, las normativas no han supuesto grandes cambios en las instalaciones, ni la necesidad de inversiones fuertes para adaptarse a lo exigido. "Lo más significativo", señala, "es que han unificado la documentación requerida para la concesión de la licencia de apertura por parte de los ayuntamientos, hasta ahora desperdigada en diversos trámites.

Otro punto importante es que se nos reconoce el derecho de admisión. Un parque podrá expulsar al usuario que incumpla las normas de utilización".

La normativa andaluza, con 130 páginas, es la más extensa y resulta prácticamente exhaustiva en la descripción de actividades. Todas especifican el número obligatorio de socorristas, aforo máximo, las medidas y pendientes de los toboganes y la profundidad de las piscinas.

Para Luis Partida, diputado de AP en la Asamblea de Madrid y alcalde de Villanueva de la Cañada -en cuyo término municipal se situa Aquópolis- "es preciso que haya una legislación nacional que siente las bases de actuación en todas las comunidades". Tampoco entiende el hecho de que los reglamentos no hayan ido seguidos de inversiones de adaptación por parte de los empresarios.

Luis Partida asegura que el Ayuntamiento de Villanueva ha exigido a Aquópolis medidas más estrictas que las recogidas en los reglamentos. "Hemos hecho alicatar completamente los servicios y colocar espumas y lonas protectoras en las piscinas con toboganes para que nadie se dañe gravemente aunque se tire de cabeza. Lo que no se puede permitir es que se gane dinero a expensas del ciudadano y bajo la responsabilidad de la administración local".

Con la simplificación de documentos para su apertura quizá se evite el intercambio de acusaciones entre ayuntamientos y parques acuáticos que se produjo el año pasado. Los ayuntamientos de Sant Josep (Ibiza) y Platja d'Aro (Gerona), municipios en los que se registraron las dos víctimas, se escudaron diciendo que ninguno de los dos parques tenía concedida la licencia definitiva de apertura.

Sin embargo, Joan Monserrat, alcalde de Llucmajor (Mallorca), se mostró intransigente con Aquacity y ordenó su cierre en septiembre por carecer del correspondiente permiso. "Incurrían en ocho deficiencias", dice. "Algunas graves, como que las puertas de emergencia se abrieran al revés y que la depuradora de aguas residuales no estuviera en buenas condiciones. La gente estaba muy sensibilizada respecto al peligro de estas instalaciones y yo no quería la responsabilidad de ningún accidente".

Tras una semana de cierre y el informe favorable del Gobierno balear, Aquacity volvió a abrir, "por no haber peligros inmediatos". "Este año", dice el alcalde, "han subsanado todas las deficiencias y todos estamos muy contentos de que Aquacity haya abierto". Autoridades municipales y empresarios coinciden en señalar que estas instalaciones siempre constituyen un importante acicate turístico.

Juego mortal

Para Planelles, los cinco accidentes mortales suponen un índice de siniestrabilidad inferior al registrado en otras latitudes. El pasado año, los 68 parques norteamericanos, con un total de 20 millones de visitantes, registraron siete accidentes mortales. Esta proporción es similar a las dos víctimas españolas entre 4,5 millones de usuarios.

Xavier Martín, de 11 años, murió el 18 de agosto en Acuadiver, en Platja d'Aro (Gerona), al ser engullido por uno de los conductos que comunican una piscina con el lago del parque. Sobre este caso aún no hay sentencia judicial. Directivos y monitores están acusados de imprudencia temeraria.

El 31 de agosto, Margarita Serra Cardona, de 14 años, fallecía a consecuencia de un traumatismo cerebral producido por un choque con otro usuario en el descenso por uno de los toboganes de Aguamar en Ibiza. El juez declaró hace dos semanas que la muerte se produjo de forma fortuita y eximió de responsabilidades penales a la empresa.

Los otros tres accidentes mortales se produjeron en 1985 y 1986, todos en Isla Fantasía, cerca de Mataró (Barcelona). Dos casos están pendientes de resolución judicial. El tercero ha sido absolutorio para el parque.

Lluís Ciller, director del centro, afirma que las instalaciones "han cambiado mucho desde que se abrieron en 1984". "Los reglamentos apenas han aportado algo nuevo. Lo más interesante del catalán es la obligación de someter las instalaciones a una inspección anual". La normativa de parques acuáticos de la Generalitat establece multas de hasta 25 millones de pesetas y el cierre del complejo cuando se incumplan las medidas de seguridad.