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La expropiación de Rumasa ha costado 652.000 millones

El coste global del proceso de expropiación, gestión pública y reprivatización de Rumasa, SA, según su contabilidad a 31 de diciembre de 1987, es de más de 652.000 millones de pesetas, según el informe de fiscalización que sobre este grupo de empresas ha aprobado, con ocho votos a favor y cuatro en contra, el Tribunal de Cuentas. El documentó se encuentra desde el martes en el Congreso de los Diputados para su debate parlamentario, si bien no comenzará hasta septiembre.

El coste certificado por el Tribunal de Cuentas del proceso de expropiación y reprivatización de Rumasa supera en casi 140.000 millones de pesetas al anunciado hace algo más de tres años por el entonces ministro de Economía y Hacienda Miguel Boyer, que lo cifró en 516.000 millones de pesetas, aunque entonces no había terminado el proceso.En sus conclusiones, el Tribunal afirma que "del examen y verificación de los expedientes de reprivatización se ha deducido que, con las salvedades que se señalan en los informes particulares de cada sociedad o grupo de ellas, el proceso reprivatizador de las mismas se ha desarrollado con regularidad en sus aspectos legales, financieros y contables".

El Tribunal de Cuentas señala que "en la mayor parte de las empresas, antes de su enajenación, se procedió al saneamiento de las mismas. Este coste, aparentemente imputable al proceso de reprivatización, es consecuencia en buena medida de pérdidas preexistentes".

El informe señala también que Rumasa "ha efectuado, en general, un adecuado seguimiento de las condiciones asumidas por los compradores, cumpliendo asimismo con sus propias obligaciones contractuales".

En el voto particular contra la aprobación del informe de fiscalización, los miembros del Tribunal Pedro Bujidos, Marcial Moreno, Fernando Murillo y Ubaldo Nieto afirman que "se ha renunciado a todo análisis relativo al grado de consecución de los fines asignados legalmente a las operaciones expropiatorias, de gestión pública y reprivatizadora, objetivos que, con absoluto respeto a las decisiones legislativas, eran demandables a este Tribunal".

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El voto particular considera que no ha habido verificaciones

Viene de la primera páginaLos cuatro autores del voto particular al informe de fiscalización del tribunal de Cuentas afirman que "la abundancia de información básicamente descriptiva y escasamente coherente en estructura y contenido sistemático, la asunción de valoraciones genéricas e insuficientemente fundamentadas en verificaciones y romprobaciones, como conse.uencia de la falta de análisis y en definitiva, de fiscalización en muchos casos, el inadecuado cálculo del coste de la operación y la ausencia de criterios claros de imputación del mismo a las distintas fases constituyen otros tantos defectos del informe", informa Juan G. Ibáñez. Estas observaciones fueron agregadas por sus redactores al informe de fiscalización dos días después de que éste fuera aprobado en el pleno del Tribunal,

En el voto particular, redactado en 18 fólios mecanografiados" se advierte que "las cuentas de Ias sociedades que forman el Grupo Rumasa correspondientes al periodo fiscalizado no han sido objeto de auditoría por este Tribunal y, en general, tampoco por firmas independientes. En consecuencia, se ha partido de una información contable no verificada por el Tribunal ( ... ). La mera comparación de los, estados financieros no explica por sí misma la bondad o no de la gestión pública, que en el informe queda reducida a una mera descripción impropia de un informe de fiscalización".

Los autores de la crítica aluden a que "del saneamiento laboral no hay constancia alguna ni referencia generalizada en los informes particulares" sobre cada una de las empresas. Asimismo, defienden que al coste del proceso reprivatizador certificado por el informe de la mayoría del Tribunal debe añadirse el coste financiero que ha supuesto para el Estado la concesión de un préstamo de 440.000 millones, sin interés. La suma de los intereses no satisfechos al Tesoro Público incrementan a su juicio el coste total en 142.025 millones.

El Grupo Parlameritario Po pular presentó ayer enel registro general del Congreso de los Diputados un escrito dirigido al presidente de la Cárnara, Félix Pons, en el que lamenta que el Tribunal de Cuentas haya facilitado al Gobierno antes que al Parlamento el informe de fiscalización sobre Rumasa, especialmente cuando fue el Congreso quien encargó dicha investiga ción al Tribunal.

Este reproche está relacionado con la vista en la sala tercera de lo contencioso del Tribunal Supremo de un recurse, de casa ción frente a la no admisión por el Tribunal de Cuentas de la ac ción popular para exigir responsabilidad contable al presidente del Gobierno, Felipe González, y otras personas por la reprivatiza

ción de Rumasa.

En esa vista, celebrada el pa sado día 29 de junio, el abogado del Estado reveló las conclusiones a que el día anterior había llegado el Tribunal de Cuentas en su labor fiscalizadora, e incluso solicitó que "como diligencias para mejor proveer" se incorporaran dichas conclusiones a las actuaciones judiciales correspondientes al caso.

El Grupo Parlamentario Popular solicitará la creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre la reprivatización de Rumasa y el funcionamiento de algunas de sus empresas como parte del sector público español una vez que el Tribunal de Cuentas ya ha aprobado y remitido al Parlamento su informe de fiscalizacíón del holding.

Luis Ramallo, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los diputados, subrayó ayer en una conferencia de prensa el que en el pleno del Tribunal de Cuentas que aprobó el informe de fiscalización, con ocho votos a favor y cuatro en contra, estuvo ausente su presidente, José María Fernández Pirla, y presidió la sesión el ex diputado socialista Esteban Granado, responsable de la sección de fiscalización y por tanto de la elaboración del documento.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 7 de julio de 1988

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