El Gobierno lleva adelante el preacuerdo que fue rechazado por los profesores

El Consejo de Ministros tomó ayer decisiones sobre la retribución de los profesores de la enseñanza pública, que suponen llevar adelante aspectos ya rechazados por los docentes en el referéndum de mayo pasado. Las subidas de sueldos aprobadas suponen un incremento medio de 11.000 pesetas brutas al mes, de acuerdo con las explicaciones del ministro de Educación, José María Maravall.

El Gobierno ha puesto en vigor parte de la oferta hecha a los sindicatos de profesores "por razones de urgencia", según el ministro, quien mencionó también la apertura de negociaciones, en octubre próximo, destinadas a valorar los puestos de trabajo de los docentes, con criterios similares a los utilizados respecto al resto de la Administración.Los niveles de complemento de destino, que en la actualidad son el 17, 21 y 25 para maestros, agregados (y asimilados) y catedráticos, respectivamente, pasarán a ser el 20, 23 y 26, a partir del 1 de septiembre próximo. Todos ellos serán elevados al 21, 24 y 26 desde el comienzo del curso 1989-1990. Los catedráticos de bachillerato percibirán, en esta segunda fecha, un complemento específico de 5.000 pesetas mensuales.

Asimismo, se establece una ,subida del 20% para los complementos específicos que venían percibiendo directores de centros, jefes de estudios, secretarios y jefes de seminario, también a partir del 1 de septiembre. Igualmente se aplicará este mismo complemento a otros puestos, como el de responsable de orientación de los alumnos y el de responsable de formación del profesorado, en los centros de EGB, BUP y Formación Profesional. En estos últimos habrá también un complemento de coordinador de educación-empleo.

La Administración se hace cargo de las indemnizaciones en caso de accidentes, en los que se produzcan lesiones a los escolares. De este modo, se elimina la causa de posibles reclamaciones contra profesores por responsabilidad civil. El ministro anunció la suscripción de una póliza de seguro adicional.

También se modifica el sistema de concursos de traslados. El baremo primará, por este orden, la permanencia ininterrumpida en el centro desde el que se concurra, la permanencia en puestos de difícil desempeño (escuelas rurales, educación compensatoria), la antigüedad, el ejercicio de cargos de responsabilidad y los méritos académicos o cursos de perfeccionamiento.

El Ministerio espera también que se produzcan numerosas vacantes en EGB y enseñanzas medias -lo cual disminuirá el número de docentes en situación provisional- porque en dos años se incorporarán al concurso general los puestos que están cubiertos ahora en régimen de comisión de servicios (convenio con Defensa, educación de alumnos, enseñanza a distancia y otros).

Los diversos sindicatos de de la enseñanza pública expresaron, por su parte, la "sorpresa" que les había causado la decisión del Consejo de Ministros, y la forma unilateral con que el ministerio de Educación ha pretendido resolver parcialmente las reivindicaciones que dieron lugar al más largo conflicto del sector.

Preguntado por su continuidad como ministro, José María Maravall dudó de que la pregunta hubiera sido planteada en serio y añadió: "Uno puede acabar cualquier día, pero ha de actuar como si fuera eterno". La cuestión de la crisis o remodelación del Gobierno fue contestada por el portavoz del Ejecutivo, Javier Solana, en el sentido de que no tenía nada que decir.

El mismo miembro del Gobierno aseguró que el Ejecutivo tiene la voluntad de mantener "las mejores relaciones con la Administración de Justicia", y atribuyó a "un problema procesal" el actual conflicto entre el ministro del Interior y el juez Baltasar Garzón, encargado de investigar la trama terrorista de los GAL.

Cupo vasco

El Gobierno decidió, igualmente, remitir a las Cortes el proyecto de ley por el que se aprueba la determinación del cupo vasco (cantidad que abona la comunidad de Euskadi por los servicios que el Estado le presta) para el quinquenio 1987-1991. Según los acuerdos adoptados en diciembre pasado, entre la Administración Central y el Gobierno vasco, el cupo de 1988 es de 10 1. 139 millones de pesetas, y los siguientes se determinan por medio de un índice de actualización.El portavoz del Gobierno manifestó su sorpresa por el apoyo del PNV al recurso del Parlamento Vasco contra la nueva legislación antiterrorista. Por el contrario, calificó de "gratas y cordiales" las entrevistas mantenidas por el presidente de la Generalitat.