El Parlamento portugués aprueba las "nuevas bases de la política agrícola" propuestas por Cavaco Silva

El Parlamento aprobó ayer el proyecto del Gobierno de Cavaco Silva de "nuevas bases de la política agrícola", considerado como el punto final de una tentativa fracasada de reforma agraria iniciada en el fervor revolucionario de 1974-1975. Miles de trabajadores agrícolas de las granjas colectivas implantadas en la gran llanura alentejana han invadido pacíficamente Lisboa, pero sus protestas no impidieron a la mayoría socialdemócrata aprobar el proyecto de Cavaco Silva.

Organizados por los sindicatos de obreros agrícolas, de orientación comunista, grupos de trabajadores de todas las granjas colectivas (UCP) que subsisten en la "zona de intervención de la reforma agraria", al sur del Tajo, delimitada por la ley de 1976 (elaborada por los socialistas), poco más de dos decenas, inicia ron el pasado domingo una marcha sobre Lisboa, en dos columnas que convergieron en las calles de la capital, hasta el palacio de San Bento, donde los diputados se preparaban a dar el carpetazo a sus sueños de "la tierra para quien la trabaja".Estrellas, con los militares, de la revolución de los claveles, fueron carne de cañón de una batalla política cuyos objetivos sobrepasaban sus modestas reivindicaciones de trabajo y pan, y no han parado todavía de pagar el precio de ser considerados el "ejército de reserva del partido comunista"; 14 años después de la transición democrática, no tienen siquiera el derecho al mismo salario mínimo que los obreros.

Junto a los portones de las grandes fábricas de la zona de Setúbal, también duramente castigadas por la crisis y el paro, grupos de obreros manifestaron su solidaridad y prometieron apoyar la "defensa de la reforma agraria", pero los pequeños comités carecen de entusiasmo y había algo de vergüenza en los aplausos, en la falta de convicción de los gritos de "viva la reforma agraria", Iatifundios nunca más" y "pan para todos".

Los manifestantes no se mostraban sorprendidos, ni siquiera amargados. En medio del círculo de mujeres que se sentó para descansar sobre el césped de un jardín público de Barreiros, Lucía, de 52 años, recuerda los años del hambre, otras caminadas con ranchos de mujeres, de cortijo en cortijo, en las épocas de cosecha del trigo o de la aceituna, pero admite que sus propios hijos ya no creen en la verdad de las historias que cuenta: "Lo tienen todo demasiado fácil, dicen que nosotros exageramos, que no podía ser tan malo...".

Silencio constitucional

Los hombres cuentan otras historias. Cómo el hambre les obligó a emigrar hacia las fábricas que en los años sesenta y setenta surgían en los alrededores de Lisboa, cómo después del 25 de abril regresaron al Alentejo, atraídos por la consigna de la tierra para quien la trabaja, cómo tuvieron que irse otra vez en busca de trabajo, para regresar finalmente al pueblo, cansados y ya sin esperanzas.Almeida Santos, el histórico del partido socialista, encargado de liderar la crítica de su partido al proyecto de la ley agraria de Cavaco Silva, admite que se trata de una batalla perdida de antemano. No deberá haber, como en el caso de la legislación laboral, el último recurso al Tribunal Constitucional, porque el proyecto gubernamental viola "el espíritu, pero no la letra" de la Constitución vigente, porque "la reforma agraria no está consagrada por la Constitución, que no define qué es un latifundio".

El Gobierno defiende la necesidad de "resolver el problema de las tierras", de "acabar con la anarquía" existente en la zona de la reforma agraria, donde nadie sabe a quien pertenece la tierra, para crear las condiciones para atraer inversiones, para la creación de una agricultura moderna, rentable, que permita el progreso social de la población rural. Pero los socialdemócratas también quieren lanzar una manta de silencio sobre el abandono del sueño populista de Sa Carneiro de distribución de las tierras en pequeñas propiedades y explotaciones de tipo familiar.

La modernización del Alentejo exigiría inversiones masivas que nadie está dispuesto a financiar. El Alentejo sólo produce lo que sobra a la CE: cereales y carne. Todos los proyectos de Bruselas y otras instituciones internacionales se refieren a la desertización humana del Alentejo para servir la industria de la celulosa. Queda el problema social, pero el Mercado Común ayudará a Portugal a pagar las jubilaciones anticipadas de sus campesinos. Lo peor es que, tal vez, los obreros agrícolas se darían por satisfechos si alguien les garantizara que iban a recibir pensiones de 20.000 pesetas.