Lecciones pendientes, huelga suspensa

Los profesores acaban de autoexaminarse, evaluando su curso reciente de huelga, y han decidido suspenderla hasta septiembre, incapaces de aprobarla. ¿Cómo calificarles en junio, qué nota poner a sus trabajos, qué asignaturas pendientes les quedan colgadas? Puede que no convenga ironizar, pero sí, desde luego, sugerir responsabilidades y autocríticas. Se trata de una huelga extraña, que fracasa cuando más cerca parecía la victoria. ¿Qué pasa cuando los vencedores se derrotan? ¿Cómo entender que, tras rechazar el preacuerdo, las bases rechacen también la prolongación de la huelga? ¿Qué paradojas contradictorias son éstas? ¿Qué lecciones plantean?El asamblearismo constituye el punto flaco del movimiento sindical: su tentación, pero su debilidad. Las cúpulas, inseguras de su fuerza, se escudan en el asamblearismo para ocultar su impotencia. Pero, una vez convocado, el asamblearismo se bloquea y colapsa -como prueban los casos recientes de la banca y la enseñanza-, resultando las cúpulas sindicales descalificadas. Es irracional someter a las bases los acuerdos tomados por los delegados: implica una contradicción entre la lógica de la representación y la lógica de la decisión, que son distintas y siempre deben estar separadas. Las bases sólo deben votar representantes, nunca votar decisiones: ¿es imaginable un referéndum entre propietarios sobre aceptar o no un impuesto que grava la propiedad? En suma, el asamblearismo siempre desemboca en la irracionalidad. Por ello, sus consecuencias siempre son negativas: desautoriza a los representantes, impide la consolidación organizativa, fomenta la desafiliación y estimula el egoísmo insolidario, al plantear el dilema del gorrón (free rider), que cierra el círculo vicioso del soborno a la asamblea, elevando cada día su dosis de corporativismo letal.

Por otra parte, la conflictividad se produce con mayor irracionalidad en el sector público (funcionarios y asalariados de empresas nacionalizadas) que en el sector privado. ¿Es ello debido, como se dice a veces, a que el Gobierno está más obligado que la patronal a resistir la presión reivindicativa por tener que atenerse al límite presupuestario votado por los contribuyentes? No parece probable, pues, por el contrario, el nivel salarial es más elevado en el sector público que en el sector privado, especialmente en los estratos bajos (en los niveles ejecutivos sucede a la inversa, produciéndose la circunstancia de que la eficiencia y el rendimiento son directamente proporcionales al grado de apertura del abanico salarial). Por tanto, la explicación debe buscarse en otra parte: si los empleados públicos reivindican más que los privados -a pesar de tener menor derecho por su superioridad salarial-, es porque pueden hacerlo. Y pueden más porque detentan mayor poder de reivindicar, al ser propietarios vitalicios de la oferta de servicios públicos. Su poder reivindicatorio es bifronte: no tiene costes y sí muchos recursos. No tiene costes porque, a diferencia de los asalariados del sector privado, a los empleados públicos no se les puede echar -pues sientan plaza en propiedad-, por lo que nada arriesgan reivindicando. Y posee grandes recursos porque, al ser titulares de la oferta de servicios públicos -enseñanza, salud, comunicaciones, etcétera-, detentan el privilegio de poder ejercer coacciones irresistibles sobre todos los ciudadanos, usuarios forzosos de servicios públicos (cuando Ford se pone en huelga puedes comprar coches Opel, pero cuando Renfe para no hay salida posible). Siendo así las cosas, si los servidores públicos no arriesgan nada haciendo huelga, y si pueden chantajearnos a todos tomándonos como rehenes solidarios a la fuerza, ¿cómo sorprendernos de que abusen de su poder de reivindicar?: tontos serían si no lo hicieran (otra cosa es que también nosotros tengamos que ser tontos, obligados a poner la otra mejilla).

La compulsión conflictiva no debe extrañar: la transición terminó, y nada desestabilizador puede haber en la presión reivindicativa. Es lógico y natural que todos demanden y exijan. Otra cosa es que pueda y deba atenderse sus demandas y exigencias: contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. El que reivindicar ya no sea desestabilizador no quiere decir que haya que plegarse a la presión reivindicativa. Hoy las reivindicaciones salariales son ajenas por completo a la democracia, cuyo monopolio nadie puede reclamar: tanto para bien (las reivindicaciones ya no pueden desestabilizar la democracia) como para mal (las reivindicaciones ya no pueden escudarse en la coartada democrática). Por tanto, no es de recibo todo ese fundamentalismo sindical, ese integrismo proletario, ese chovinismo obrerista, ese dogmatismo asalariado, ese fanatismo reivindicador, esa belicosidad militante que, con inflexible obstinación, se empeña en ostentar su posesión intransigente de la verdad reivindicadora: no es cierto que estemos obligados -por la democracia o el progreso- a satisfacer sus demandas y exigencias. Por el contrario, nos asiste el derecho de poner en cuestión, y en tela de juicio, sus títulos reivindicativos: dudando que convenga atenderlos en consecuencia.

Dicho de otro modo, reivindicar ya no resulta automáticamente progresista. Por el contrario, puede serlo más oponerse a la reivindicación. El integrismo social, el fundamentalismo asalariado, la intolerancia maniquea en el reparto de patentes de progresismo -identificado en exclusiva con la insolidaria elevación de los salarios-, ya no pueden seguir monopolizando la titularidad del progreso. Lejos de eso, al abusar de su poder reivindicativo, al aprovecharse de su capacidad de lesionar los intereses ajenos, pueden desencadenar consecuencias que merecen calificarse de todo menos de progresistas. Basta, pues, de chantaje moral. Una cosa es que, para reivindicar, nos hagan el chantaje físico de paralizar los servicios públicos. Y otra cosa es que encima nos hagan el chantaje moral y político de llamarnos reaccionarios si nos atrevemos a protestar.

Pues bien, yo protesto. Y, además, afirmo que hoy reivindicar alzas salariales no es progresista, sino insolidario. Aquí hay tres millones de parados. Mientras casi la mitad de los europeos trabajan, sólo poco más de la cuarta parte de los españoles poseen empleo. La tasa de desempleo juvenil en España es triple que el promedio europeo; por ello, la delincuencia, la drogadicción y el terrorismo, en España, duplican la media europea. ¿Cómo afirmar entonces que es progresista y solidario reivindicar que te suban el sueldo?

Existe una ecuación básica. La masa salarial (conjunto de las rentas del trabajo) es igual al producto del número de empleos multiplicado por el salario medio. Dada una determinada subida de la masa salarial (deseablemente superior al excedente empresarial, salvado el crecimiento de la inversión), su saldo puede canalizarse, bien hacia el crecimiento del número de empleos, bien hacia el crecimiento de los salarios. Pues bien, yo afirmo que lo progresista es repercutir todo el crecimiento de la masa salarial en incrementar al máximo posible el número de empleos. Y que cualquier desviación hacia el crecimiento de los salarios me parece que roza lo insolidario, al no permitir que crezca todo lo que podría el número de empleos. Pues con la tasa de desempleo más elevada de Europa, qué sea lo progresista, si anteponer crecimiento salarial o crecimiento de empleo, es algo que está muy claro.

De ahí la contradicción actual de los sindicatos de clase. En tanto que sindicatos, están obligados a reivindicar alzas salariales. Pero en tanto que de clase, están obligados a reivindicar crecimientos del empleo. Siendo simultáneamente incompatibles ambos objetivos. Pero esta contradicción no es sólo de las organizaciones sindicales, sino también de sus miembros individuales, así como de cada persona empleada que ocupe puestos de trabajo: su reivindicación salarial, de ser atendida, reducirá las oportunidades de encontrar trabajo con que se enfrentan sus familiares y amigos que se hallan desempleados. Ésta es la responsabilidad moral de la reivindicación, y yo no conozco mejor criterio de progresismo que el de la solidaridad.

E. Gil Calvo imparte Conflicto social en la universidad Complutense.