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Editorial:

Ciudadanos de cristal

LA EXPLICACIÓN dada por el titular de Interior, José Barrionuevo, a los parlamentarios de la Comisión de Justicia e Interior del Congreso para justificar la costumbre policial de grabar en vídeo actuaciones ciudadanas públicas y autorizadas encaja perfectamente con la táctica desarrollada con éxito durante su mandato por los estrategas policiales de su departamento: convertir en sospechosos a todos los ciudadanos como mejor manera de dar con el terrorista, el delincuente o el simple alborotador. Es la táctica del barrido que, ensayada por primera vez con los habitantes del madrileño barrio del Pilar, encuentra en los avances de la fotografía y de la informática insospechadas posibilidades para hacerse extensible a todos y cada uno de los ciudadanos. Los principios que la inspiran se dejan entrever también en la proliferación de controles indiscriminados en la carretera, en las operaciones primavera contra la droga, y no son ajenos, desde luego, al error cometido con el asalto de los GEO a un domicilio particular en Leganés. Como método de prevención del delito, no puede decirse que esta actuación policial sea un dechado de finura y sutileza. Pero el asunto se agrava si encima existen serias dudas sobre su legalidad, y amenaza con llevarse por delante derechos tales como los de intimidad y presunción de inocencia de las personas.No es cuestión, evidentemente, de poner en duda el derecho y la conveniencia del uso por parte de las fuerzas de seguridad y del aparato del Estado, en general, de las ventajas de la tecnología en la realización de sus actividades. Pero si se quiere evitar que su empleo abusivo y descontrolado acelere el advenimiento de lo que George 0rwell imaginó para 1984 -ciudadano de transparencia cristalina al ojo del Estado y total opacidad de las interioridades de éste a los ojos del ciudadano-, es necesario regular cuanto antes la utilización y destino del ingente material que sobre todos y cada uno de los ciudadanos acumula el cerebro informatizado del Estado moderno. El famoso y profético sueño del escritor británico tiene ya en nuestro país una plasmación preocupante: el aparato administrativo, civil y militar del Estado se oculta cada vez más bajo el secreto oficial a las miradas del ciudadano, a la vez que indaga sin pudor en las más recónditas zonas de su vida. Los ordenadores Berta, de la Policía Nacional; Duque de Ahumada, de la Guardia Civil; Base de Datos Nacional (BDN), de Hacienda, y el innominado del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), alimentados por decenas de terminales diseminados en todo el territorio nacional, son algunos de estos, ojos del Gran Hermano orwelliano que hoy siguen sigilosamente la trayectoria vital de inillones de españoles.

Los Estados democráticos han percibido los peligros de dominación y de aplastamiento del individuo que se esconden tras la informática y han elaborado convenios y leyes para regular su uso. Pero los sectores vinculados a la seguridad, a la defensa y a la fiscalidad no están precisamente por la labor. El convenio del Consejo de Europa que reconoce el derecho del ciudadano a ser informado por el Estado de los datos personales que le atañen es papel mojado en España, a pesar del compromiso de nuestro país a respetarlo. A los 10 años de promulgarse la Constitución, sigue sin cumplirse su mandato de elaborar una ley que limite "el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos". Y, por lo que parece, no está cercano el día en que los españoles cuenten con un arma legal tan esencial para su defensa ante la reiterada resistencia de Interior, Defensa y Hacienda, precisamente los departamentos que más interés muestran en entrometerse en sus vidas.

Barrionuevo ha asegurado a los parlamentarios que las grabaciones policiales de actuaciones ciudadanas no se destinan a fines distintos que los de prevención del delito. Pero ¿qué fiabilidad puede darse a las palabras de un ministro que ha sido tan reiteradamente goleado con la aplicación injustificada y abusiva de la legislación antiterrorista a delincuentes comunes? Si a ello se unen las dificultades que el propio Poder Judicial encuentra para transitar por los ver¡cuetos de determinadas zonas del Estado, se echa de ver cuán urgente es poner coto, con la legislación adecuada, a actividades que tan gravemente amenazan a derechos esenciales de los españoles.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 27 de junio de 1988