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El Gobierno no sabe a qué entidades sociales dedicará el 0,54% del impuesto sobre la renta que ya ha cobrado

El Gobierno aprobó ayer un decreto que regula los criterios de distribución del 0,54% del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) de los ciudadanos que en su declaración hayan asignado ese porcentaje, en lugar de a la Iglesia, a fines de interés social. El decreto no precisa a qué entidades concretas se destinarán esos fondos. El plazo de presentación de las declaraciones positivas ya ha terminado, lo que impide a estos contribuyentes optar con más conocimiento entre el llamado impuesto religioso y esos fines de interés social, una vez conocidos.

El Gobierno ha definido como fines de interés social "los programas de cooperación y voluntariado sociales desarrollados por la Cruz Roja Española y diferentes organizaciones no gubernamentales y entidades sociales estatales que carezcan de fin de lucro". Dichas entidades deberán estar dedicadas a ancianos, disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales, personas incapacitadas para el trabajo, toxicómanos o drogodependientes, marginados sociales y en general a actividades de solidaridad social ante situaciones de necesidad, según la versión difundida ayer por la Oficina del Portavoz del Gobierno y plenamente coincidente con la adelantada por este diario (véase EL PAÍS del pasado día 18).El real decreto considera también fines de interés social los programas y proyectos que organizaciones como las descritas anteriormente realicen en el campo de la cooperación internacional para el desarrollo, en favor de las poblaciones más necesitadas de los países subdesarrollados.

La regulación aprobada ayer está relacionada con lo pactado en los acuerdos entre España y la Santa Sede en 1979 y lo establecido en la ley de Presupuestos Generales del Estado para 1988, de que el porcentaje señalado del rendimiento del IRPF se destina a fines religiosos y a otros fines de interés social. No obstante, el Gobierno desconoce todavía cuáles serán las entidades concretas que recibirán los fondos correspondientes a los fines de interés social, ya que deberá realizar una convocatoria pública.

Retraso

Interrogado acerca de si el Consejo de Ministros no podía haber aprobado este real decreto antes, con objeto de que los contribuyentes hubieran escogido con mayor conocimiento al rellenar el apartado de la declaración de la renta correspondiente a estas cuestiones, Solana reconoció que el Gobierno "no quiso aprobarlo antes. Realmente, y desde un punto de vista teórico, se pudo haber aprobado antes. Pero no creo que, en caso de haberlo hecho, hubiera modificado el comportamiento que hayan tenido los contribuyentes".El Gobierno conoció ayer un informe del ministro de Educación y Ciencia sobre la creación de una nueva universidad en Madirid; en concreto, en la zona sur del área metropolitana, en terrenos de Getafe y Leganés. Este informe es preceptivo para que la iniciativa sea estudiada por el Consejo de Universidades y, posteriormente, concretada en un proyecto de ley.

El portavoz del Gobierno, Javier Solana, afirmó en una conferencia de prensa que el Ejecutivo confia en enviar al Congreso de los Diputados dicho proyecto de ley en el último trimestre de este año y en que la quinta universidad de Madrid comience a impartir sus enseñanzas al comienzo del curso 1989-1990. Inicialmente, los estudios que podrán cursar los primeros alumnos serán de ingeniería, derecho y ciencias económicas.

Enseñanza gratuita

El Consejo de Ministros aprobó también ayer el reglamento ejecutivo de la ley de gratuidad y autonomía de gestión económica de los centros docentes públicos de bachillerato, formación profesional y artes aplicadas y oficios artísticos. En otro real decreto, el Consejo de Ministros estableció que los alumnos que hayan estudiado la asignatura de lengua catalana en los tres cursos de bachillerato y de COU en centros docentes de Baleares habrán de acreditar su conocimiento de lengua catalana en las pruebas de acceso a la Universidad. Quedan exentos quienes no hubieran cursado íntegramente los tres cursos de bachillerato y el COU en las islas Baleares. Un decreto de similar contenido fue aprobado en relación con la universidad de la Comunidad Valenciana.El Gobierno aprobó también el reglamento de la producción de seguros privados y una subvención de 5.322 millones de pesetas para 315 proyectos de inversiones de empresas privadas en grandes áreas de expansión industrial de Andalucía, Castilla y León, La Rioja, Castilla-La Mancha, Cantabria, Extremadura y Galicia. Asimismo autorizó un acuerdo de ejecución del plan nacional de electrificación rural para el presente año, que supondrá una aportación de 4.000 millones de pesetas por parte de la Administración central.

El Consejo de Ministros también acordó el desarrollo de las normas que aumentan el control y la eficacia del comercio de material de defensa.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 25 de junio de 1988

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