Los principales procesados del 'caso el Nani' reclaman su libertad provisional y juran que no huirán

Los tres principales procesados por la desaparición de Santiago Corella volvieron a tomar la palabra en la vista oral de ayer para, según acuerdo de la sala, manifestarse sobre la petición de que se prorrogue su prisión provisional hecha por el fiscal y los abogados de la acusación. El comisario Francisco Javier Fernández Álvarez y los inspectores Victoriano Gutiérrez Lobo y Francisco Aguilar González, que los próximos 1 y 2 de julio cumplen dos años de reclusión, reclamaron su puesta en libertad provisional y juraron que no pretenden con ello eludir la acción de la justicia.

El tribunal se pronunciará en días inmediatos -y, en cualquier caso, antes del 1 de julio- sobre la puesta o no en libertad provisional de los tres policías. Sobre esta cuestión los tres magistrados del tribunal mantienen, según fuentes jurídicas, posturas diferentes.Los tres agentes afirmaron en sus declaraciones que son totalmente ajenos a cualquier retraso que se haya producido en la instrucción de la causa, que ha permitido que se cumplan dos años desde su detención e ingreso en la cárcel de Logroño. Tanto el comisario como los dos inspectores achacaron a los letrados de la acusación "haber buscado dilaciones innecesarias en el juicio" y haber realizado "maniobras tendentes a alentar la trascendencia social de los hechos", con el objeto, según los policías, de retrasar la vista oral del juicio y su desarrollo.

Los abogados de la acusación, principales atacados por los agentes en su exposición de ayer, declararon a los periodistas al finalizar la vista oral que no han realizado ninguna maniobra dilatoria y que todas las que se han producido han provenido de las defensas, "como la búsqueda del Nani en México". Acusadores y fiscal pidieron recientemente a la Sala que extienda dos años más la prisión provisional de los tres agentes encarcelados, dadas las elevadas penas que se les solicitan -superiores a la reclusión mayor, de 20 a 30 años-, así como para evitar que se puedan fugar. Mientras, las defensas de los tres agentes reclaman su puesta en libertad provisional.

Los procesados coincidieron en resaltar que han mantenido una "permanente colaboración con la justicia" desde el inicio del proceso, y los tres llegaron a jurar que no pretenden con su petición eludir la acción judicial ni darse a la fuga. En este sentido, adujeron en su apoyo su historial, su arraigo familiar y social y la necesidad de mantener a sus allegados.

Señalaron igualmente el "grave quebranto económico" que les produce su estancia en prisión, que ha llevado aparejada una suspensión administrativa de empleo y sueldo. Fernández Álvarez y Gutiérrez Lobo manifestaron incluso que han rechazado, por respeto al tribunal, ofertas económicas de medios de comunicación para hacer declaraciones.

Punto coincidente fue, asimismo, el de que las afirmaciones de la acusación vulneran, según los agentes, el principio constitucional de presunción de inocencia.

El comisario Fernández Álvarez destacó su deseo de "asistir al juicio incluso por encima de su salud". El letrado José Emilio Rodríguez Menéndez, abogado del comisario, ha elevado un escrito a la Sala acompañado de un informe médico para demostrar que su defendido padece hepatitis B. El agente acusó ayer de esta afección a "la situación tercermundista de las cárceles españolas", y aseguró que no ha revelado antes el hecho "para demostrar su interés" en acudir a la vista.

El tribunal acordó ayer que dos médicos forenses de la clínica del Palacio de Justicia reconozcan de inmediato al procesado "a fin de que, previos los análisis y demás elementos de juicio que estimen necesarios, informen sobre el estado del mismo y del tratamiento que requiera".

Rastreo en vano

De su lado, el inspector Aguilar consideró su estancia en prisión "un sacrificio propio de las muchas servidumbres que lleva la grandeza de ser policía y servir a la sociedad", y destacó que está procesado "no por asesinato o tráfico de drogas", sino debido a "actos presuntamente cometidos en el ejercicio" de su profesión.

Por otra parte, ayer se leyó en la Sala el informe oficial del rastreo realizado por submarinistas de la Guardia Civil en el pantano de Guadalén (Jaén), rastreo que ha tenido resultado negativo. El testigo Luis Miguel Rodríguez Pueyo declaró en el juicio que el cadáver del Nani fue arrojado a ese embalse. El informe, firmado por el capitán Félix Lorenzo Lorenzo, señala las distintas hipótesis que se barajaron sobre el posible lanzamiento del cadáver y el desarrollo de toda la investigación, y concluye que "no se ha localizado ningún indicio o resto que permita presuponer la existencia [en el pantano] de restos humanos correspondientes a un varón adulto".

En la sesión de ayer terminó la declaración de todos los peritos calígrafos, y hoy está previsto que se inicie un careo entre los mismos.