Barrionuevo reconoce fallos en la legislación del juego

El ministro del Interior, José Barrionuevo, reconoció ayer que la regulación del juego en España no es la adecuada, y juzgó como excesivo lo que los españoles gastan en estas actividades. Según los datos aportados por el propio ministro en su comparecencia ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, los españoles gastaron en 1987 1,8 billones de pesetas sólo en juegos gestionados por particulares (bingos, casinos y tragaperras). Estos juegos son los controlados directamente por Interior, mientras que las quinielas y las loterías dependen de Hacienda en su regulación.

La cifra total gastada por los españoles el año pasado en todos los juegos asciende a unos 2,6 billones de pesetas -unos 150.000 millones más que en 1986-, lo que supone que casi el 70% del total de dinero jugado en España en 1987 fue a parar a bingos, casinos y tragaperras.El ministro del Interior consideró en su asistencia en la comisión: "El volumen que se juega en España me parece excesivo, y habría que tomar medidas, pero no es fácil". Barrionuevo hizo estas afirmaciones después de que el diputado de Izquierda Unida Nicolás Sartorius señalase irregularidades sobre la situación del juego en España, aunque reconoció no tener pruebas documentales de las mismas.

Sartorius dijo que, a su juicio, "España es una especie de casino, y no sólo en la acepción española, sino en la italiana". Para los italianos, casino equivale a prostíbulo. "Después de la droga y el tráfico de armas, el juego debe ser el negocio más saneado", intuyó Sartorius, según el cual España ocupa el tercer lugar entre los países que más juegan.

Tras estas afirmaciones, el diputado comunista enunció una serie de graves acusaciones y, ya que no tenía pruebas fehacientes de las mismas, reconoció que su intención fundamental era conseguir que el ministro tomara cartas en el asunto.

"Las grandes empresas que controlan el juego tienen despachos en la Comisión Nacional del Juego [presidida por el subsecretario del Ministerio del Interior]; hacen su trabajo desde ese órgano oficial, utilizan los ordenadores, se llevan los expedientes y hasta manejan las estampillas (...); hay un gran mercado negro de máquinas tragaperras; los fabricantes, en vez de desguazarlas, las revenden a Suramérica (...); las personas que quieren denunciar la situación sufren amenazas (...); le pido, señor ministro, que tome estos asuntos en serio".

El ministro del Interior negó que existieran despachos privados en un organismo público como es la Comisión Nacional del Juego. "Estoy seguro que eso no sucede", dijo. Tras ello, reconoció que "la regulación del juego no es la adecuada", aunque adelantó que una regulación desde el Gobierno chocaba con problemas legales, toda vez que, al menos, siete comunidades autónomas tienen competencias exclusivas en esta materia.

Filmaciones

En la misma asistencia a la comisión, Barrionuevo aseguró que las fuerzas de seguridad del Estado no filman en vídeo, con carácter general, todas las manifestaciones, sino que sólo "graban aquellos actos en los que se cree que pueden ocurrir actos delictivos".

Nicolás Sartorius coincidió con Juan María Bandrés, de Euskadiko Ezkerra, y León Buil, del CDS, en preguntar a Barrionuevo, que compareció en comisión más de cuatro horas para responder a las preguntas más diversas, sobre las razones por las que efectivos policiales filman en vídeo manifestaciones "pacíficas y autorizadas".

El titular de Interior comenzó su respuesta aportando datos sobre las características que se observan últimamente en las manifestaciones. A juicio del ministro han aumentado los enfrentamientos con la policía, "apedreamientos y cortes de tráfico", sin olvidar que aquéllas se celebran muchas veces sin que previamente se haya pedido la preceptiva autorización.

Según Barrionuevo, no sólo se graban manifestaciones, sino también "actos de masas, como conciertos". Las razones para filmar estos actos tienen que ver, según el ministro, "con la prevención de actos violentos; para proporcionar a las autor¡dades elementos objetivos para el tratamiento de futuros actos similares; para que sirvan como elementos de prueba por si se producen actividades ilícitas y para comprobar cuál es la actitud de las fuerzas de seguridad, que muchas veces son acusadas de extralimitarse".

Los diputados interpelantes se extendieron en reflexiones sobre el peligro que conllevan tales prácticas, ya que merman el derecho constitucional de manifestación. En expresión de Sartorius, "a los ciudadanos no les gusta que les toquen las narices, y una forma de hacerlo es filmándoles cuando acuden a manifestaciones". "Le pido que corte esas prácticas, córtelas", sentenció el diputado.

Amedo

Juan María Bandrés intentó que el ministro aportara alguna novedad sobre si su departamento iba a tomar alguna medida administrativa contra el subcomisario José Amedo, sobre quien pesan diligencias judiciales por su presunta conexión con los GAL e inculpado por la justicia francesa por tener relación "con asociaciones de malhechores y complicidad en tentativas de asesinatos".

Barrionuevo no le dio satisfacción en su respuesta, ya que reiteró que las medidas cautelares ya habían sido tomadas por los tribunales, "que son los que han dicho que no tiene que variar la situación de esa persona".

La sesión transcurrió en un tono cortés pero duro, como ya es habitual en las intervenciones de los diputados mencionados, además de la de Joseba Azkárraga, de EA. Diputados y ministros se intercambian elogios personales y las más distinguidas de sus consideraciones para lanzarse después durísimos ataques. Todos reconocieron a Barrionuevo su capacidad de encaje y la firmeza de sus posiciones.

[Por otra parte, el presidente del Congreso, Félix Pons, se ha dirigido al Gobierno para que se informe con detalle al diputado del CDS Agustín Rodríguez Sahagún sobre las personas detenidas a las que se aplicó la ley antiterrorista en 1987, informa ].