Confirmados los procesamientos de 47 implicados en el 'caso de los subasteros'
La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado en sucesivas resoluciones los procesamientos de 47 personas implicadas en el sumario abierto por presunta corrupción en las subastas judiciales, conocido como caso de los subasteros (personas que profesionalmente se dedican a acaparar las subastas judiciales). El proceso, con el sumario ya concluido, entra en la fase de calificación.
De las 50 personas procesadas por el juez José María Álvarez Seijo, la Audiencia ha levantado el procesamiento a tres, dos de las cuales son funcionarios de los juzgados y el tercero es procurador.Respecto a los 47 procesados, 23 son subasteros, otros 23 son funcionarios y el último es la esposa de Ernesto García López, uno de los principales implicados. Todos ellos se encuentran en libertad provisional, con fianzas de diversas cuantías.
El caso se encuentra en la actualidad pendiente de la resolución de un recurso de súplica ante la Audiencia de Madrid, pero, en breve, el sumario, que ya está concluido, pasará al fiscal para que califique jurídicamente los hechos y efectúe la correspondiente petición de pena.
Puja restringida
El juez Álvarez Seijo, que se encuentra destinado actualmente en la Audiencia Provincial de Oviedo, indicó en los autos de procesamiento que existen indicios de que los hechos realizados por los subasteros y los funcionarios puedan constituir delitos de maquinaciones para alterar el precio de las cosas, cohecho, estafas, coacciones y falsedad.Los subasteros procesados pertenecen fundamentalmente a dos grupos, encabezados por Ernesto García López y los hermanos Eugenio y Carlos Fernández Loma. Los funcionarios implicados prestaban sus servicios en 13 juzgados de primera instancia de Madrid.
Según explicaba el juez Álvarez Seijo en el auto de procesamiento, los subasteros realizaban entre ellos una puja restringida, denominada subastilla, al margen de la subasta judicial, para que el mejor postor de entre ellos se asegurase los bienes subastados. Esto daba lugar a que hubiera compensaciones económicas para los otros postores.
Precisamente la intervención del magistrado Álvarez Seijo en el caso le costó que uno de los principales implicados, Ernesto García López, presentara una querella de antejuicio contra él.
La vista se celebró ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que decidió rechazar la petición de procesamiento formulada por el subastero contra el juez por entender que la actuación de este último estuvo en todo momento dentro de la legalidad.
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