El Ayuntamiento ha adjudicado sin concurso público obras por 7.000 millones en tres años

Desde el 1 de enero de 1985 hasta marzo de 1988, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha adjudicado por vía directa, lo que popularmente se conoce como a dedo, un total aproximado de 400 proyectos de obras, por un valor cercano a los 7.000 millones de pesetas. Nueve grandes empresas han obtenido el 53% del importe de estas adjudicaciones. Los portavoces de Izquierda Unida y Alianza Popular han señalado que el abuso de estas prácticas pone en entredicho la necesaria transparencia de la gestión municipal y se presta a los favoritismos.

Las contrataciones directas alcanzaron su mayor volumen en el año 1985, con 144 obras por un coste aproximado a los 3.400 millones, según la información facilitada por Izquier da Unida. Cubiertas MZOV ha sido la más agraciada, con un volumen de obras por valor de unos 680 millones de pesetas, alrededor de un 10% del total. Le sigue, a muy poca distancia Construcciones y Contratas, con 640 millones de pesetas, y Obrascón, con obras adjudica das directamente por valor de casi 500 millones. Construcciones Ángel B. Beltrán ha sido favorecida con obras por valor de 412 millones en estos tres años.Otras dos grandes empresas del sector, Agromán y Fomento de Obras y Construcciones, superan los 300 millones de pesetas, y les sigue un grupo de varias empresas, Peninsular de Asfaltos y Construcciones Ortiz y Cía y Huarte y Cía, que han realizado proyectos presu puestados entre los 200 y los 300 millones de pesetas.

En total, estas nueve empresas han acumulado adjudicaciones de obras por valor de más de 3.500 millones de pesetas, el 53% del total de todas las obras directas realizadas en este tiempo en Madrid.

Francisco Herrera y José María Álvarez del Manzano, portavoces de los grupos de IU y AP, respectivamente, coincidieron en rechazar el abuso de este procedimiento, que, según la propia ley de Régimen Local de abril de 1985, sólo debe utilizase en casos de urgencia. "Lo que ocurre es que la propia comisión de gobierno, formada exclusivamente por concejales socialistas, es la que decide cuáles son las obras de carácter urgente". Antes de la ley de 1985 funcionaba la comisión permanente, en la que estaban representados los grupos de concejales de la oposición.

"Las adjudicaciones directas deben reservarse exclusivamente para casos excepcionales", añadió Álvarez del Manzano. Todas las obras que no poscan ese carácter deben pasar por el trámite de la subasta para tranquilidad de los ciudadanos sobre la transparencia en la gestión municipal". Por su parte, Herrera acusó al equipo de gobierno de abusar de tales prácticas, "hasta el punto de que actualmente la gran mayoría de todas las obras municipales se adjudican así, y se ha creado un mecanismo que permite la concentración de obras y de dinero en un número limitado de empresas, lo que a su vez es una buena base para que surja lo que se ha denominado tráfico de influencias".

El primer teniente de alcalde y portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento, Luis Larroque, rechazó las reticenclas de la oposición y negó que el sistema fuera en contra de la transparencia en la gestión municipal: "No tengo nada que decir a favor o en contra del sistema. Es la ley, simplemente, y nosotros la aplicamos. Hay que tener en cuenta que en la comisión de gobierno están presentes el secretario general y el interventor municipal para velar que las contrataciones se hacen legalmente. Por ley, todas las obras tienen que adjudicarse entre una terna de empresas, y todas las resoluciones se publican en el Boletin Oficial del Ayuntamiento. Si algún miembro de la oposición tuviera la más mínima sospecha de algo, puede llevar el caso a la denominada comisión de vigilancia de la contratación, presidida por un concejal de AP".