Barrionuevo deberá explicar ante un tribunal como se controla la droga incautada
El ministro del Interior, José Barrionuevo, deberá aclarar ante la Audiencia Provincial de Santander, en el juicio conocido como de la mafia policial, qué controles existen en las brigadas de Policía Judicial "respecto a las aprehensiones de drogas" que realizan los agentes "y a qué lugar se remiten estas aprehensiones". Esta es una de las 15 preguntas que han sido formuladas al titular del departamento por la defensa de los cinco policías procesados en este caso, cuestiones aún pendientes de aprobación por el tribunal. El inicio de la vista oral de la causa, en la que también está procesado el joyero y confidente Federico Venero, está previsto para el próximo 9 de noviembre.
El ministro del Interior ya ha remitido un escrito al tribunal, con fecha del pasado día 1, en el que se acoge a su prerrogativa de contestar por escrito, tal como ya hizo en dos ocasiones durante el juicio que la Audiencia Provincial de Madrid sigue por la desaparición del Nani.La defensa de los cinco agentes, que lleva el letrado José Emilio Rodríguez Menéndez, requiere también a Barrionuevo que aclare si la Brigada de Régimen Interior de la policía, conocida como brigada anticorrupción, ha garantizado al joyero Federico Venero que no ingresaría en prisión "a cambio de que diera información" contra los cinco procesados. Igualmente, pregunta al ministro quién ordenó la creación de dicha brigada y qué funciones tenía encomendadas.
Flexibilidad con los confidentes
Otra de las cuestiones cuya respuesta se pide al titular de Interior es "si es cierto que las autoridades policiales siempre han mantenido actuaciones flexibles sobre las conductas, a veces irregulares, de [sus] confidentes, en razón de los servicios prestados".Los policías procesados en este sumario, 42/1986, son el comisario Francisco Javier Fernández Álvarez y los inspectores Victoriano Gutiérrez Lobo, Adelardo Rafael Martínez García, Miguel Ángel Bercianos Torres y Antonio Caro Fontanillo. Los dos primeros están siendo juzgados actualmente por la desaparición de Santiago Corella.
La fiscalía acusa a Bercianos y al joyero Venero de un delito de tráfico de drogas; y al resto de los policías y al confidente, de tenencia ilícita de armas. El ministerio público culpa igualmente al comisario y a los inspectores Gutiérrez Lobo, Martínez García y Caro Fontanillo de un delito de prevaricación. Las defensas de todos los procesados piden su absolución.
La Audiencia de Santander ha citado como testigos en el juicio, además de a Barrionuevo, al secretario de Estado de la Seguridad, Rafael Vera, y al director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado. También deberán declarar en la vista oral un total de 31 policías, así como Ángel Manzano, amigo del desaparecido Nani.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- Santiago Corella
- III Legislatura España
- José Barrionuevo Peña
- Lucha antidroga
- Gobierno de España
- Ministerio del Interior
- Adicciones
- Narcotráfico
- PSOE
- Ministerios
- Legislaturas políticas
- Gobierno
- Enfermedades
- Corrupción
- Fuerzas seguridad
- Medicina
- Administración Estado
- España
- Partidos políticos
- Política
- Administración pública
- Delitos contra salud pública
- Delitos
- Justicia