El Defensor del Pueblo denunciará ante la justicia a los organismos que no colaboren

El defensor del pueblo, Álvaro Gil Robles, expreso ayer en el Congreso su deseo de que las circunstancias varíen y no se vea en la obligación de denunciar ante el fiscal general del Estado a los organismos de la Administración que no colaboran con su institución. Gil Robles explicó en comisión la memoria de su gestión correspondiente a 1987, en la que destacan los numerosos ayuntamientos que le niegan su colaboración. "El poder local parece actuar con patente de corso" dijo.

Entre las previsiones de futuro Gil Robles apuntó la necesidad de modificar la ley que regula la institución, para tener mayores competencias.Los portavoces de la comisión felicitaron al Defensor del Pueblo y a sus adjuntas, Margarita Retuerto y Soledad Mestre, por el trabajo realizado, que ofrece un chequeo del funcionamiento de la Administración y que, a través de las quejas de los ciudadanos, sirve para conocer cuál es el sentir de la sociedad, al tiempo que constataron que los problemas siguen siendo los de siempre.

A la cabeza de las quejas se sitúa el área de Seguridad Social y bienestar social, con más de 18.000 quejas llegadas en estos cinco años de funcionamiento de la institución, seguida de Justicia, con 17.400, Presidencia y Asuntos Exteriores, con 11.306 -la mayoría de los casos con problemas de ciudadanos extranjeros-, y Defensa e Interior, con 7.574.

Como novedad el Defensor del Pueblo señaló la reticencia en la colaboración de muchos ayuntamientos -"el poder local parece actuar con patente de corso"- y las numerosas quejas que van llegando sobre la Compañía Telefónica Nacional de España. Gil Robles facilitó por primera vez una relación de ayuntamientos y organismos que en la fecha de publicación de este informe, relativo al pasado año, aún no habían contestado, con un anexo de los que lo habían hecho fuera de plazo, un tanto precipitadamente, ante la inminencia de comparecencia parlamentaria.

El informe señala que no han colaborado con el Defensor del Pueblo, entre otros, el presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, y las Consejerías de Política Territorial y de Salud de esa comunidad. Ayuntamientos como los de Oviedo, Alicante, Vigo, Segovia y Bilbao son otros de los que figuran en la lista de morosos. Gil Robles confia en que la situación varíe de tal forma que no tenga que ejercer denuncias ante el fiscal general del Estado "por actuaciones presuntamente delictivas".

Contra la retención

En el área de Interior Gil Robles mostró preocupación por el uso por parte de las fuerzas de seguridad de la llamada retención, sobre todo para ciudadanos extranjeros. "La retención no puede utilizarse en este país porque es un concepto jurídico que no existe; o es detención o no es nada", dijo.

Gil Robles indicó que continuará con la práctica de que algún miembro de la institución acuda a comisarías o a los lugares de donde lleguen denuncias por malos tratos -"en ese año las denuncias fueron muy escasas"- y destacó la actitud poco receptiva de la Policía Municipal para clarificar hechos de este tipo. Una vez más el área de Justicia fue motivo de especial preo cupación. "Es toda una estructura la que funciona mal y son muchas las responsabilidades que se entrecruzan. El defensor anunció la puesta en práctica de un servicio de guardia permanente para los fines de semana al objeto de que lleguen las quejas producto de actuaciones que puedan darse "en comisarías, aeropuerto o donde sea".

La mayoría de los grupos parlamentarios se mostró partidaria de modificar la ley orgánica para que la actuación del defensor sea más efectiva.