En la encrucijada
El insuficiente grado de unidad entre las distintas organizaciones sindicales es una de las razones esenciales. La propia celebración por separado del Primero de Mayo ha sido un botón de muestra. Tal carencia tampoco es suplida por el acuerdo CCOO-UGT del pasado mes de febrero, suscrito en términos excesivamente ambiguos, que no contiene referencias a la movilización, y del que se ha excluido a sectores del movimiento sindical (nacionalistas, USO, CNT ... ). Invertir esa tendencia a la dispersión de esfuerzos y a la exclusión, muy arraigada entre nosotros, mejoraría notablemente la credibilidad de los sindicatos ante un sector importante de los trabajadores que permanece expectante y pasivo ante el hecho sindical; su consecución exigiría únicamente un grado de sensibilidad de los que hasta ahora se han mostrado reticentes.La lógica oposición al largo quinquenio de ajuste duro ha sido un punto común en la estrategia de los sindicatos. La opción liberalizadora impuesta por el tándem Boyer-Solchaga se ha caracterizado por transferir renta de los trabajadores a los empresarios, con la cantinela de que los excedentes de hoy son las inversiones expansivas del mañana. No obstante, debemos reconocer que la presión ejercida, con ser importante, no ha sido suficiente para obligar al Gobierno a cambiar su política económica.
La patronal no es más receptiva a las propuestas sindicales. Aplaude la política económica del Gobierno y le dirige todas sus presiones para forzar la desregularización de las relaciones laborales, mayores beneficios fiscales, subvenciones, etcétera. El peso psicológico del desempleo y la economía sumergida también son elementos que juegan a su favor a la hora de emprender una dinámica reivindicativa. La oposición empresarial a la reducción de jornada es frontal, así como a la negociación de la introducción de nuevas tecnologías.
Es ese contexto el que nos hace invitar a la reflexión, a la autocrítica. Las medidas flexibilizadoras elaboradas en su momento por Solchaga no han sido enterradas definitivamente y aguardan su oportunidad. La supresión del salario mínimo interprofesional, la ampliación a 10 años de duración máxima de los contratos temporales, la generalización de la movilidad funcional y geográfica son auténticos retos a los que en su momento tendremos que hacer frente.
Deberá hacerse hincapié en el proceso de desarrollo sindical a lo largo de la transición, caracterizado por los pactos sociales, con especial protagonismo en todos ellos del binomio CEOE-UGT. Tal alianza, que tuvo su primera manifestación clara en el Acuerdo Básico Interconfederal (ABI), ha traspasado por completo las fronteras de la negociación colectiva, trascendiendo en el desarrollo legislativo de los temas sociales y sindicales, como el Estatuto de los Trabajadores, ley Básica de Empleo, ley Orgánica de Libertad Sindical, etcétera. En tal proceso, los trabajadores perdieron derechos, y lo que podríamos llamar democracia sindical permanece bajo mínimos. Mientras se regulaba con rigor a los trabajadores, no se planteaba abordar un estatuto para los empresarios.
Muy cerca ya de que ese proceso cumpla una década, cuando su balance es un tanto descorazonador, ha llegado el momento de someterlo a revisión.
Realidad más abierta
Aun aceptando la lógica del sindicalismo a dos de la que muchos no saben salirse, en las últimas fechas se han producido hechos trascendentales que no podemos pasar por alto. Obviamente, nos estamos refiriendo a la quiebra de la tentación hegemonista protagonizada por UGT que lanzaban a bombo y platillo sus máximos dirigentes en las elecciones sindicales de 1986 y que los resultados se encargaron de descafeinar, especialmente los obtenidos en el sector público a finales de 1987. Cabe añadir a ello las muy recientes tensiones internas en varias federaciones que denotan con claridad la existencia de un conflicto de envergadura dentro del socialismo.
Los partidarios del bisindicalismo suelen afirmar que los dos grandes sindicatos agrupan un 75%. de la representación de los trabajadores, pero esa audiencia electoral saben perfectamente que no implica fuerza sindicatos trabajadores participan en los procesos electorales de forma considerable en las grandes empresas, participación e interés que va descendiendo en la medida que lo hace la plantilla de la misma. En las pequeñas, donde la debilidad sindical es palmaria, o bien no se hacen elecciones,o se llevan a efecto al calor de la inercia general.
Entre los trabajadores y lo que podríamos llamar aparatos sindicales hay una notable distancia. Una encuesta hecha pública con anterioridad a las elecciones sindicales de 1986, efectuada por SIGMA-2, ofrecía algunos datos reveladores al respecto: más de la mitad de los afiliados no participan en actividades dentro del sindicato; el número de desafiliados es casi tan alto (12,7%) como el que se recenoce afiliado (13,8%); entre las causas que le empujaron a tomar tal decisión, cuya característica es la heterogeneidad, destaca un 21% que aduce desilusión y pérdida de confianza. Si nos referimos a los no afiliados, un 32,2% reconoce no habérselo planteado, mientras un 23,4% manifiesta desacuerdo con la práctica de los sindicatos.
Los partidarios del sindicalismo a dos suelen aseverar también que se ha cerrado definitivamente el paso a una tercera fuerza sindical de corte independiente. Tal afirmación es arriesgada en una coyuntura tan abierta como la actual. Aun aceptando que fuera cierta, no lo es menos que la distancia entre los mayoritarios y los trabajadores se ha hecho patente en el referéndum de banca, o en Seat de Barcelona (todo un símbolo para el movimiento obrero), donde CNT, con un amplio apoyo de les trabajadores, ha abierto un proceso para forzar la dimisión del comité de empresa por su nefasta actuación. En esa línea, reafirmamos nuestra voluntad de protagonizar esa tercera vía, desde luego, independientes de toda atadura, pero cargando más las tintas en el contenido de la acción sindical, con un compromiso profundamente reivindicativo, en un contexto de transformación social. Proceso que no debiera ser exclusivo de los cenetistas, sino abierto a otras realidades, disposición que ya hemos reiterado en otras ocasiones.
La posibilidad de concretar ese proyecto tropieza con indudables obstáculos, que son herencias de la atípica transición que hemos vivido, todas ellas asumidas como bagaje plenamente actual a través de la LOLS. Su filosofía es el apoyo de las organizaciones más representativas a través de las ventajas que les concede. Miguel Rodríguez Piñero califica tal concesión de "intercambio político" a cambio de "responsabilizarlas e integrarlas en la difícil gobernabilidad del sistema". Añade también: "Desde el punto de vista jurídico, la opción legal de un claro favorecimiento de ciertos interlocutores sindicales como representativos de los intereses generales ( ... ) plantea delicados problemas relativos al alcance de la libertad sindical'.
El abuso que desde diferentes ámbitos se ha hecho del concepto de mayor representatividad ha merecido ya algunas sentencias contrarias de los tribunales. Tal vez haya llegado el momento de facilitar la labor de la justicia. Para ello consideramos imprescindible:
Resolver la dualidad entre la representación sindical y la unitaria en la empresa; situación que no resiste comparación alguna con nuestro entorno europeo, y tiene difícil justificación, dado que, si bien fue una exigencia patronal al inicio de la transición para frenar el desarrollo de los sindicatos, una vez regulada la representación sindical en desarrollo de un derecho fundamental, carece de sentido mantener funciones paralelas en el marco de la legalidad ordinaria.
Una auténtica regulación desde la transparencia de las elecciones sindicales. Desde la imposibilidad de promoverlas por los sindicatos minoritarios, pasando por la ampliación a cuatro años del mandato de comités y delegados, o la presencia con voz y voto de la patronal y Administración en las comisiones de elecciones, y acabando por las acusaciones de fraude, algunas comprobadas, debemos admitir que estamos ante una situación de irregularidad manifiesta. Como solución cabría pensar en una autorregulación del proceso con participación de todos los sindicatos que tenga su correspondiente sanción legislativa.
La petrificación de las directrices de la LOLS. La determinación de representatividad basada exclusivamente en la audiencia electoral complementada y reforzada por la irradiación pretende institucionalizar una realidad sindical establecida a priori, sin riesgos ni fisuras. En los ordenamientos jurídicos de la generalidad de los países occidentales se admiten variados criterios de determinación, tanto de la mayor como de la suficiente representatividad.
Por todo ello, la afiliación, la independencia, la eficacia movilizadora y resolutoria en defensa de los intereses de los trabajadores constituyen elementos racionales para una reforma progresista. Tampoco conviene desdeñar el valor complementario de la significación término ya reflejado en sendas sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo en materia de patrimonio sindical acumulado, que entronca con la resolución de la OIT de 26 de junio de 1952 sobre "independencia del movimiento sindical y misión del sindicalismo".
En ese contexto, contrasta soberanamente el trato que ha recibido y recibe CNT desde diferentes instancias (patronal, Gobierno, sindicatos mayoritarios ... ), como una especie de patito feo de la democracia, a quien se cierran todas las puertas y cuya progresión evolutiva hay que cercenar. Once años después de que las organizaciones sindicales adquiriéramos carta de legalidad, creemos llegada la ocasión de manifestar que nos sentimos cargados de razón para exigir que se reconozca
nuestra vitalidad sindical, no sólo del ayer, si no la de hoy y del futuro.
