El Gobierno y la oposición regional, enfrentados por la reforma del estatuto

Los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid -AP, CDS e IU- pidieron ayer al Gobierno regional que acelere la ampliación de nuevas competencias en Sanidad, Educación y Trabajo. El Ejecutivo madrileño se opone a cualquier modificación del estatuto de autonomía. El Parlamento regional celebró ayer una sesión monográfica, a petición del grupo de Alianza Popular, para analizar las posibilidades técnicas y las repercusiones económicas de la elevación del techo autonómico.

La oposición en bloque insistió en la necesidad de reformar a fondo el estatuto de autonomía, una vez cumplidos los cinco años desde su aprobación. Esta postura choca frontalmente con la que sostiene el Gobierno regional, que no quiere mover una coma del texto autonómico y se inclina por las transferencias del Estado mediante ley orgánica.Los votos socialistas son imprescindibles para obtener la mayoría de dos tercios necesaria para modificar el estatuto de autonomía.

Según Alberto Ruiz Gallardón, portavoz de Alianza Popular en la Asamblea regional, "la Comunidad de Madrid se ha quedado por detrás de casi todas las autonomías en la ampliación de competencias". Ruiz Gallardón acusó al Ejecutivo autónomo de no haber hecho nada por aumentar las competencias, "a pesar de que la Asamblea ya se pronunció en 1984 a favor de la delegación por ley orgánica en materia de Educación".

El portavoz aliancista cniticó la "deficiente gestión del Gobierno central" y afirmó que desde la Comunidad "se pueden dar soluciones más baratas, más eficaces y más conectadas,con la realidad de los madrileños".

Ruiz Gallardón pidió que el Gobierno regional asuma plenas competencias en Educación, "para que temas como la Universidad Sur no acaben escapándosele de las manos". El portavoz de Alianza Popular requiríó también que la Comunidad gestione la red de hospitales públicos de Madrid e intervenga en la legislación laboral.

Alianza Popular considera necesario que el Estado transfiera también las partidas presupuestarias -más de 200.000 millones en el caso de Sanidad- para evitar que se produzca "un caos financiero en la Comunidad".