La crisis de Nueva Caledonia enfrenta al Gobierno de Rocard y a la oposición
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El asalto de la cueva de Ouvea (Nueva Caledonia) que costó la vida a 19 indígenas canacos y a dos militares franceses el pasado 5 de mayo, ha enfrentado por primera vez después de las elecciones al nuevo Gobierno socialista con sus antecesores conservadores. El ex ministro de Ultramar Bernard Pons ha reivindicado toda la responsabilidad sobre la decisión de asaltar la cueva donde los independentistas mantenían secuestrados a 23 gendarmes, pero ha hecho solidarios de su actitud a dos miembros más del anterior Gabinete, el primer ministro, Jacques Chirac, y el titular de Defensa, André Giraud, y al presidente de la República, François Mitterrand.
El primer ministro, Michel Rocard, y el ministro de Defensa, Jean-Pierre Chévénement, habían lanzado previamente todas las responsabilidades del asalto sobre el Gobierno de Chirac.Tres peticiones de investigación se hallan en marcha sobre el sangriento y confuso rescate: el procedimiento judicial, que por el momento ha llevado a la cárcel a varias docenas de militantes independentistas canacos; una investigación solicitada por Giraud pocas horas antes de abandonar el Ministerio de Defensa, y otra investigación solicitada por su sucesor, Jean-Pierre Chévénement.
Varias versiones contradictorias circulan sobre este asalto, efectuado a 48 horas de la segunda vuelta de la elección presidencial. Según los testimonios aportados por varios canacos supervivientes y por vecinos de la isla de Ouvea, los asaltantes mataron a sangre fría a los tres principales dirigentes del grupo de secuestradores una vez se habían rendido.
Otros testimonios dan cuenta también de torturas y fuertes presiones psicológicas sobre los indígenas de las tribus de Ouvea para que colaboraran en la localización del escondite donde se hallaban los secuestrados.
Mentís militar
Las fuerzas armadas francesas han desmentido con rotundidad estas versiones, pero no han podido esconder la existencia de graves divergencias respecto a la táctica elegida por los responsables gubernamentales para liberar a los rehenes antes de las elecciones.El comandante Legorju, jefe del grupo especial de intervención de la Gendarmería (GIGN), secuestrado él mismo y utilizado como mediador por los canacos, ha redactado un polémico informe sobre el asalto, publicado en extracto por la Prensa, en el que se habla de las "inquietantes soluciones estudiadas" como "la utilización de una bomba de 250 kilos dirigida por láser", "napalm o defoliante, o incluso la utilización de un helicóptero con un cañón de 20 milímetros".
Según el informe de Legorju, existían importantes divergencias entre los jefes operativos de la Gendarmería, partidarios de la táctica del diálogo y de la dilación, y el mando militar destacado por las autoridades civiles, deseoso de una intervención rápida y dura.
La polémica sobre el asalto coincide con la persistencia de la tensión en el archipiélago, donde el lunes se produjeron nuevas detenciones de independentistas y ayer murió otro indígena, acribillado sin advertencia previa, según sus compañeros, y en prevención de una agresión, según el Ejército.
Una comisión de seis mediadores, enviada por el primer ministro, Michel Rocard, a Nueva Caledonia, intenta reanudar estos días la comunicación entre las dos comunidades.
Sin embargo, portavoces del Frente de Liberación Nacional Kanaky Socialista (FLNKS) han hecho saber ya que el nombramiento del nuevo Gobierno francés no ha supuesto ninguna mejora en la situación de tensión que viven las islas.
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