El extranjero

ESPAÑA HA sido hasta fecha reciente un país exportador de mano de obra. Las divisas procedentes de las remesas enviadas por el millón largo de emigrantes españoles residentes en Europa hasta mediados de la década pasada contribuyeron decisivamente a equilibrar la balanza de pagos en los años en que se produjo el despegue económico en nuestro país. Esa emigración, más la producida en las décadas anteriores a Suramérica -tan sólo en el consulado español de Buenos Aires hay inscritos 600.000 gallegos-, permitió mantener el desempleo en niveles tolerables. La situación se ha invertido en los últimos 15 años. Hoy hay en España unos 700.000 trabajadores extranjeros, de los que aproximadamente la mitad se encuentran en precaria situación jurídica. Muchos de esos trabajadores están siendo víctimas de las mismas humillaciones que numerosos compatriotas padecieron antes en los países de la Europa desarrollada. El dramático círculo vicioso en que tantos espaffloles se sintieron atrapados (no se concedía permiso de residencia sin el contrato de trabajo, para obtener el cual era imprescindible contar con permiso de residencia) tiende ahora a reproducirse entre nosotros.Las ambigüedades de la legislación sobre extranjeros permiten actuaciones gubernativas y policiales de carácter arbitrario. La institución del Defensor del Pueblo prepara un informe en el que se constata que siguen produciéndose expulsiones de extranjeros sin intervención de los jueces, pese a que el Tribunal Constitucional, en resolución de julio pasado, estableció la obligatoriedad de control judicial sobre cualquier decisión gubernativa que afectase a los derechos de los ciudadanos extrai eros. El Defensor del Pueblo se ve en la obligación de recordar también que la decisión de internamiento de extranjeros previa a su expulsión compete a los jueces y no a la policía, y de reiterar recomendaciones como la de facilitar un intérprete a las personas sometidas a procedimiento de expulsión.

En las terminales de internacional de los aeropuertos españoles hay dos salidas, una para ciudadanos procedentes de los países de la Comunidad Europea y otra colocada bajo el expresivo rótulo de otros. Los que se ven obligados a integrarse en la cola que circula bajo este último dintel se ven forzados a demostrar que poseen una tarjeta personal de crédito con fondos suficientes o un mínimo de 3.000 dólares, además de un billete de regreso. El recién llegado es interrogado, con mayor o menor celo según el país de origen, su aspecto indumentario o el talante del interrogador, sobre sus intenciones, a fin de asegurarse de que no piensa intentar ganarse la vida ejerciendo su oficio en España. El sistema no sirve para evitar la entrada de traficantes de droga, pero puede resultar muy eficaz para devolver a su país de origen a familias de tez oscura que llegan huyendo del hambre, de la guerra o de la persecución. El Ministerio del Interior ha anunciado su intención de hacer algo más estrecha la trama del cedazo: se va a aumentar la cantidad mínima de dinero a acreditar para no ser sospechoso.

Pero las irregularidades o los abusos administrativos no dejan de reflejar los prejuicios de buena parte de la población española. Así, dista de ser infrecuente que las mismas educadas personas que rechazarían indignadas cualquier comparación con el mensaje racista de un Le Pen teoricen con ingenio castizo el rechazo de los suramericanos que aspiran a trabajar entre nosotros: sudaca es una expresión cuya pronunciación oculta con frecuencia intenciones descalificadoras, a veces como escudo frente a la propia incompetencia. En noviembre pasado, una asociación de defensa de los inmigrantes africanos presentó una denuncia contra dos bares de la provincia de Lérida en los que se negaban a servir sus consumiciones a ciudadanos negros. En Francia hay un extranjero por cada 13 habitantes, y uno por cada seis en Suiza. En España suponen el 2% de la población. El argumento de que con tres millones de parados hay que garantizar los derechos preferenciales de los nacionales no basta para justificar la inhumanidad creciente de los comportamientos. Sólo con que regresasen los españoles censados en los consulados españoles de Argentina, el número de parados aumentaría en dos millones de personas.