150.000 millones de pesetas para la aplicación escalonada de la ley de planta judicial

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy la remisión al Parlamento del proyecto de ley de Planta y Demarcación, que diseña una nueva estructura de la organización judicial española. Para la aplicación escalonada de esta ley a lo largo de cuatro años (1989-1992), el Gobierno aprobará un programa por un importe superior a los 150.000 millones de pesetas de 1988.

Cerca de 90.000 millones se destinarán a inversiones, construcción y mejora de edificios, mobiliario y equipamiento. Los gastos del nuevo personal previsto en ese programa superan los 35.000 millones de pesetas, los de funcionamiento de los órganos judiciales se aproximan a los 8.000 millones de pesetas y los de informática se aproximan a los 20.000 millones de pesetas.Según la memoria que acompaña al proyecto de ley, elaborada por el Ministerio de Justicia, sólo al término del cuatrienio, es decir, el 31 de diciembre de 1992, estará plenamente en funcionamiento la nueva organización judicial española.

Los gastos de mayor envergadura son los de inversión, cuyos principales capítulos son la construcción y mejora de edificios judiciales, por un total superior a los; 67.500 millones de pesetas, seguidos de los de equipamiento, por importe superior a los 12.000 millones de pesetas. Entre los fines a que se destinarán estas cantidades destaca la construcción de 17 tribunales superiores de justicia -uno en cada comunidad autónoma- o la readaptación de las audiencias territoriales, cuando sea posible.

Los nuevos edificios judiciales contarán con despachos para magistrados, instalaciones para policía judicial, salas para los futuros jurados, servicios comunes, bibliotecas, gabinetes de informática, ubicación de fiscales y médicos forenses.

Un juez por 10.000 españoles

El programa incluye los gastos correspondientes al incremento de personal que llevará consigo la nueva ley. Sobre las 2.600 plazas de jueces presupuestadas en este momento -de las que sólo están cubiertas unas 2.100, si bien a finales de 1988 se incorporarán 558 nuevos jueces procedentes de las últimas oposiciones-, se incrementarán 907 nuevos jueces y magistrados, de modo que a finales de 1992 la plantilla judicial total será de 3.550. Ello significa la homologación con los países europeos en cuanto al número de habitantes por juez, que pasará a ser de los actuales 20.000 por juez a 10.000 por juez.El importe total anual de las retribuciones de los 905 nuevos jueces está calculado, sin trienios, en más de 5.400 millones de pesetas, a los que hay que añadir 9112 millones de pesetas para las retribuciones de los jueces de paz de ciudades de más de 7.000 habitantes.

Otra cifra importante dentro del capítulo de gastos de personal es la de cerca de 4.300 millones de pesetas para el incremento de 1.000 nuevos fiscales. Asimismo, para el incremento de 16.733 nuevos funcionarios judiciales -35 letrados del Tribunal supremo, 676 secretarios judiciales, 5.834 oficiales, 7.730 auxiliares y 2.354 agentes- se prevé un gasto en los cuatro años del programa de unos 25.000 millones.