La mayoría de los acusadores pidió un aumento de penas para los aceiteros de la colza

El fiscal del caso de la colza Eduardo Fungairiño y la mayoría de los acusadores aumentaron ayer, en diversos grados, las penas que solicitan para los aceiteros procesados por el envenenamiento masivo que ha causado más de 600 muertos desde la primavera de 1981. Este aumento es intrascendente en casi todos los casos, puesto que para los principales implicados ya se solicitaban penas de miles de años de cárcel que exceden en mucho el máximo período de prisión establecido legalmente en España que son 30 años.

El fiscal del caso, Eduardo Fungairiño, en su nuevo escrito, concretó las penas que solicita para cada procesado, lo que no había hecho en sus conclusiones provisionales, en las que debido a la diversidad de categorías ole acuerdo con las lesiones de los afectados, sólo se podía establecer que la petición -mínima eran 10.000 años, hasta un máximo de 100.000.Las penas pedidas para los principales acusados son: 61.875 años de cárcel para Enric Salomó; 60.774, para Ramón Alabart; 60.535 para los hermanos Ramón y Elías Ferrero y su socio Candido Hernández Galán; 60.526 para los hermanos Juan Miguel y Fernando Bengoechea y Jorge Pich, y de 1.125 años para los hermanos Tomás y Agustín Baviera. Para los restantes acusados se confirman las penas solicitadas, muy inferiores, o la absolución para 11 de ellos. El fiscal incluyó también sobre el acuerdo entre los acusados más importantes para enriquecerse desviando el aceite de uso industrial al consumo humano.Entre las maquinaciones realizadas por estos acusados, según el fiscal, figura el importar aceite de colza en grandes cantidades, con licencias de importanción en unas ocasiones y disimulando la verdadera naturaleza del producto en otras; el poner en funcionamiento una refinería fuera de uso hasta aquel momento, e incluso, el realizar pruebas para apreciar el efecto del refino en las partidas marcadas para uso industrial.Estafas y falsedades

Todos los acusadores, excepto José Merino y Julián Rubio, sostuvieron que el aceite de colza desnaturalizado procedente de Francia e importado por Rapsa fue el único origen del envenenamiento, y la mayoría descartó que el aceite de contrabando introducido por el puerto de Barcelona por Miguel Par, era inocuo.

Merino, cuyo despacho profesional llevó al principio del proceso, la acusación y la defensa simultánea de uno de los procesados, y Rubio, abogado de la Asociación Fuentox, que cree que el tomate es la causa de la enfermedad, afirmaron que no se había probado la relación de causa a efecto entre la ingestión de aceite y la muerte o lesiones de los afectados.

Fernando Salas, que se ha adherido a la petición del fiscal, destacó en su escrito las "serias dudas de conciencia" que ha tenido al achacar al aceite la causa de la enfermedad.

Previamente, hubo una guerra de comunicados en los que Francisca Sauquillo y José Manuel Gómez Benítez atacaron a los letrados que, presentándose como acusadores, sostienen las tesis de la defensa, a los que acusaron de falta de ética.

Merino y Rubio se dieron por aludidos y destacaron que Sauquillo y Gómez Benítez no deben monopolizar la ética profesional y los calificaron de demagogos y oportunistas.

Otros abogados modificaron la calificación jurídica de los hechos, aunque prácticamente todos coincidieron en que se trata de uno o varios delitos contra la salud pública con resultado de homicidio y lesiones, estafas y falsedades de documentos.

Ayer sólo expusieron las conclusiones definitivas los acusadores, puesto que el tribunal amplió hasta el 9 de mayo el plazo de las defensas para realizar el mismo trámite.