El tribunal desestimó la solicitud de suspensión
La presidencia del tribunal que juzga en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid la desaparición de el Nani desestimó en la mañana de ayer la petición hecha por el letrado de la acusación particular José Antonio Sanz Grasa para que el juicio fuese suspendido. La petición se basaba en los dos recursos de amparo que han sido presentados ante el Tribunal Constitucional por la acusación popular, ejercida por la Asociación contra la Tortura.La Asociación contra la Tortura presentó los recursos con la intención de que el Constitucional anulase una decisión de la Audiencia Provincial de Madrid que impedía a la acusación popular presentar sus calificaciones provisionales sobre el caso.
La sección cuarta de la Audiencia Provincial decidió priyar a la Asociación contra la Tortura de la presentación de las calificaciones al. no haberlas efectuado dentro de plazo. Por ello, la acusación popular pidió al Tribunal Constitucional que suspendiese la vista oral del juicio, nuentras decidía sobre los recursos presentados.
La petición fue hecha al presidente del tribunal, el magistrado Salvador Domínguez, por el letrado Sanz Grasa ya que la sala decidió que ambas acusaciones -particular y popular- fuesen representadas en la vista por un solo letrado, a pesar de haber sido reconocidas como partes diferentes. Esta decisión también ha sido recurrida por la acusación popular ante el Constitucional, y éste es el segundo recurso por el cual esta acusación pedía la suspensión del juicio.
Celeridad necesaria
Tanto el fiscal, Fausto Cartagena, como las defensas de todos los procesados, al igual que el ahogado del Estado, se opusieron a la suspensión de la vista. Todos ellos adujeron para su negativa que no existe ninguna comunicación del Tribunal Constitucional sobre ambos recursos de la acusación popular que impida continuar el juicio.
El fiscal y las defensas estimaron también para oponerse a la petición de suspensión de la vista el hecho de que ésta ha de celebrarse con la mayor celcridad al estar tres de los procesados en prisión provisional desde el 2 de julio de 1986: el comisario Francisco Javier Femández Álvarez y los inspectores Victoriano Gutiérrez Lobo y Francisco Aguilar González.
En este sentido, el abogado Manuel Tuero Madiedo, defensor de los inspectores Gutiérrez Lobo y José María Pérez Gutiérrez, señaló, tras oponerse a la solicitud de la acusación, que si en último término el tribunal acordase la suspensión solicitaría la inmediata puesta en libertad provisional de esos tres procesados.
El magistrado Salvador Domínguez recordó que ante la sala sólo consta del Tribunal Constitucional un auto de diciembre de 1987 en que se niega a la suspensión del juicio que la acusación popular había solicitado en un recurso precedente.
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