Interior acusa al juez de los GAL de favorecer acciones contra policías

El abogado del Ministerio del Interior Jorge Argote acusa al Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Baltasar Garzón, que instruye las supuestas implicaciones de policías e instituciones con los GAL, de favorecer la acusación popular contra policías más que contra miembros de ETA. Argote presentó un recurso de reforma en dicho juzgado en el que se opone a la admisión de la acción popular por parte de la Asociación Contra la Tortura.

El abogado del Ministerio del Interior afirma textualmente que en ese juzgado es más sencillo ejercer la acusación popular contra miembros de la policía que contra miembros de la organización terrorista ETA en cuanto a cuantía de finanzas se refiere", y señala que se establecen "agravios comparativos exacerbantes".El abogado Argote señala que a la persona que se presentó como acusación popular contra el comando de ETA Gohierri Costa le fue exigida una fianza de 250.000 pesetas, mientras a los 100 firmantes de la querella sobre los GAL se les ha pedido un total de un millón de pesetas (10.000 pesetas por persona).

Asimismo afirma que su admisión violaría el artículo 23.2 de la ley del Poder Judicial, que "viene a establecer un límite en la intervención de los procesos, como el que nos ocupa, exclusivamente referido al ministerio fiscal y en su caso a la acusación particular del agraviado, pero de ninguna manera se permite la intervención de los mismos en la acusación popular".

El abogado Fernando Salas, miembro de la Asociación Contra la Tortura, señala que el recurso de Argote "carece de argumentación jurídica y emite juicios de valor atentatorios o despectivos contra el propio juzgado". Salas manifiesta también que el articulo 20.3 de la ley orgánica del Poder Judicial dice Claramente que "no podrán exigirse fianzas que por su inadecuación impidan el ejercicio de la acción popular, que sería siempre gratuita".

Fuentes próximas al juzgado señalaáque la querella de la Asociación Contra la Tortura será definitivamente admitida, mientras el abogado José Emilio Rodríguez Menéndez prepara otra para personarse también como acción popular. Página 13