Las cajas catalanas destinarán 50.000 millones a financiar VPO

La Generalitat ha llegado a un acuerdo con las 11 cajas de ahorros catalanas para elaborar un plan de financiación para la promoción y adquisición de viviendas de protección oficial (VPO), así como para la rehabilitación de viviendas y equipamientos en Cataluña durante 1988.Las cajas facilitarán créditos al mismo interés que el Banco Hipotecario: un 11,25%. Este acuerdo, al que en un principio no querían adherirse algunas de las cajas más pequeñas, contempla una aportación proporcional a la participación tradicional de cada entidad en el mercado de VPO, de forma que La Caixa, la Caixa de Barcelona y la Caixa de Cataluña financiarán cada una 10.000 millones de pesetas. El resto será aportado por las otras ocho entidades, principalmente por la Caixa del Penedés.

El plan ha sido elaborado como consecuencia de las desavenencias entre el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y siete comunidades autónomas sobre el Plan de la Vivienda para 1988, que obliga a éstas a subvencionar en un 5% las VPO. Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León, Cataluña, La Rioja y Valencia se plantearon la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional, a lo que el MOPU respondió congelando los respectivos convenios, imprescindibles para acceder a los mecanismos de financiación a través del Banco Hipotecario.El acuerdo alcanzado por la Generalitat y las 11 cajas de ahorro es la alternativa adoptada por el Gobierno catalán para sustituir la financiación facilitada por el banco público.

La Generalitat es la única de las siete comunidades que ha presentado conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional sobre el Real Decreto 1.494/1987, de 4 de diciembre, sobre medidas de financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda. Este recurso, presentado el pasado día 24 de marzo, se refiere al artículo 16.1 del citado real decreto. Las restantes comunidades disponen aún de varios días de plazo para presentar conflicto positivo de competencias.

En su escrito, la Generalitat sostiene que el decreto "dispone de fondos autonómicos para la consecución de unos objetivos de política económica y social del Estado, vulnerando el principio de autonomía financiera de las Comunidades Autónomas proclamado por el artículo 156.1 de la Constitución Española". Asimismo, considera que "menoscaba" las competencias de la Generalitat en materia de vivienda.

La Generalitat cifra en unas 7.000 u 8.000 las VPO que deberán construirse en Cataluña en lo que resta de año, ya que la demanda ha descendido de forma importante respecto a años anteriores. En 1987 se concedieron en Cataluña 13.733 calificaciones para VPO.