El enfrentaminetos entre el MOPU y siete autonomías amenaza con destruir 50.000 empleos, según los constructores

El conflicto que enfrenta al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) y a siete comunidades autónomas en torno al plan de viviendas protegidas puede paralizar en los próximos días 26.000 obras en curso de vi,viendas de protección oficial (VP0), según la Asociación Nacional de Promotores y Cons,Iructores de Edificios. Según csta misma asociación, si el MOPU y las comunidades no firman el plan de la vivienda, durante 1988 desaparecerán 50.311 empleos en el sector.Además de impedir un número similar de pisos en proyecto, el enfrentamiento que sostienen el MOPU y las comunidades autónomas de Cataluña, Baleares, Yalencia, Andalucía, Castilla y León, Aragón y La Rioja está afectando directamente a la liquidez de los promotores, lo que"En julio se iniciaron muchas obras con recursos propios y préstamos puente. Ahora hay que buscar nuevos préstamos, a peor interés, o paralizar las obras en curso, porque el Banco Hipotecario, no suelta un duro, y los promotores no tienen liquidez suficiente para acabar las obras", sedó Martí.

El director general para la Vivienda,y Arquitectura, Alberto Valdivielso, puso en duda la veracidad de los cálculos hechos por los promotores y constructores. "Si va a haber paralízaciones, lo sabrán ellos mejor, pero aunque la financiación de este año ha comenzado hace muy poco, las obras en curso corresponden al plan cuatrienal, y no pueden tener problemas de financiación", afirmó.

Financiación comprometida

Según Valdivielso, "el problema sólo debe afectar a obras futuras; de las VPO que hay en construcción en estos momentos, el 99,9% tiene financiación del plan cuatrienal, y las obras de este plan van a recibir subvenciones a medida que se vayan devengando". "Hasta hace 15 días", añadió el director general, "el Banco Hipotecario y las cajas de ahorro no han tenido el instrumento que les permite dar préstamos".

Valdivielso destacó que el estancamiento del plan de la vivienda "beneficia a los promotores, porque las VPO del plan cuatrienal que se van acabando se están convirtiendo en un bien escaso y se venderán inejor".

El representante del MOPU se mostró dispuesto a "cualquier acuerdo con las comunidades autónomas, dentro de unas coordenadas amplias pero rígidas. Aunque no hay intención de modificar el real decreto en cuestión, se pueden buscar fórmulas de compensacíon", aseguró.

Valdivielso se reafirmó en la legalidad del decreto en cuestión, aunque matizó que "el Tribunal Constitucional puede declarar inconstitucional algún aspecto, y se corregirá, aunque eso no significa que el Gobierno tenga que firmar los convenios".