Todos los tributos locales serán deducibles del impuesto sobre la renta, excepto el de vehículos

Todos los tributos municipales serán deducibles del impuesto sobre la renta, salvo el que grava la circulación de vehículos. IA medida entrará en vigor en 1990, si el Gobierno aprueba en sus términos la última versión del proyecto de ley reguladora de las haciendas locales, que será estudiada esta semana por la comisión de subsecretarios, como trámite previo) al Consejo de Ministros. Por las novedades introducidas en el texto, la contribución territorial urbana, que pasará a denominarse impacto inmobiliario, será deducible ole la base del IRPF, mientras que el impuesto sobre plusvalías podrá ser descontado de la cuota a pagar. Todo ello minorará los ingresos de la Hacienda central en unos 50.000 millones de pesetas.

El proyecto de ley reguladora de la financiación de las haciendas locales, anunciado hace más de un lustro y discutido por el Gobierno con los alcaldes desde hace varios años, ha sido objeto en las últimas semanas de cambios de tanta relevacancia como los contenidos por los primeros borradores. Hacienda lo llevará el jueves próximo a la comisión de subsecretarios, acto mediante el cual el debate realizado hasta ahora se extiende al Ejecutivo. El Consejo de Ministros lo remitirá a las Cortes con la intención de que la ley pueda entrar en vigor el próximo año, excepto en materia fiscal, que se aplicaría desde enero de 1990.La novedad con mayor número de beneficiados más de las dos terceras partes de los contribuyentes del IRPF consistirá en declarar deducible de la base del impuesto sobre la renta lo pagado por cada contribuyente a su respectivo ayuntamiento en concepto de contribución terriotorial urbana. Los ingresos que proporciona este tributo a los municipios rondan los 150.000 millones de pesetas, aunque algunos sujetos pasivos de la contribución ya podían deducirse sus pagos. Pero desde 1990 lo podrán hacer todos los que habitan: todos los contribuyentes que habitan un piso en propiedad.

Hasta ahora, los principales beneficiarios de la deducibilidad de la contribución eran los arrendadores de viviendas. Tanto éstos como los propietarios debían declarar como ingresos o renta anual el 3% de los valores catastrales, aunque sólo los primeros podían restar de la base lo pagado al ayuntamiento por contribución territorial; Hacienda entendía que los propietarios que habitan en su propia vivienda se imputaban una renta ficticia, no un ingreso efectivo como los arrendadores. Más recientemente, al autorizar por ley a los ayuntamientos a subir los tipos de la contribución por encima del 20%, se bajó la renta imputable al 2%.

Plusvalías

A partir de 1990, al mantenerse el 2% y al autorizar a todos los contribuyentes a deducirse su cuota de urbana de la base del IRPF, la Hacienda central perderá por este concepto unos 15.000 millones de pesetas anuales.

Mayor repercusión económica, aunque repartida entre menos personas, tendrá la segunda gran novedad: la posibilidad de que todo lo pagado por el impuesto municipal de plusvalías se deduzca de la cuota del IRPF, que costará al fisco estatal unos 30.000 millones de pesetas. Los ayuntamientos recaudan más de 40.000 millones, pero la medida sólo beneficiará a los residentes en España, porque tiene como finalidad evitar la doble imposición que se registraba hasta ahora: primero al ayuntamiento y luego al Estado al declarar la renta.

Con estas dos medidas, los principales impuestos municipales, excepto el de circulación de vehículos, serán deducibles del IRPF, porque ya lo eran otros, como la contribución rústica o las licencias fiscales. El popularmente conocido como número del coche no será considerado deducible porque Hacienda entiende que éste no genera renta y, por tanto, no hay de dónde deducir.

En lo demás, el proyecto de ley que estudiarán los subsecretarios mantiene que, junto al nuevo impuesto inmobiliario, las haciendas locales cobrarán el impuesto sobre circulación de vehículos y otro nuevo sobre actividades económicas, en el que se integrarán las actuales licencias fiscales.

El secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, y el director general de Coordinación con las Haciendas Territoriales, Enrique Martínez Robles, declararon ayer que la nueva ley será muy importante, porque coordina y racionaliza todo el sistema, evitando la sobreimposición.

Por otra parte, al clausurar un seminario organizado por Carta Tributaria, según informó Efe, Borrell negó la existencia de una lista negra de contribuyentes en la inspección de Hacienda. También negó que la notoriedad de una persona fuera causa de esta persecución. Dijo que el año pasado se levantaron unas 250.000 actas y sólo una veintena afectaban a personas conocidas públicamente. Borrell rechazó "el alud de críticas sobre la indefensión del contribuyente y sobre la manía persecutoria", así como las llamadas "acciones ejemplificadoras", en alusión al caso de Pedro Ruiz.