El fuerte aumento de los impagados en la exportación aleja la bajada de los seguros

El nuevo aumento del 93% en el coste para el Estado de los seguros de crédito a la exportación durante 1987, factura que se había duplicado en el ejercicio anterior, dificulta los proyectos de bajar sustancialmente las primas de dicho servicio. Ni Hacienda ni Economía han respaldado el proyecto, defendido por Comercio. Ante el desacuerdo, ha de pronunciarse el ministro Carlos Solchaga. Pero todo parece indicar que, además de no haber rebaja, el sistema pueda ser limitado para aliviar las arcas estatales. Los impagados por riesgo político se aproximaron el año pasado a los 70.000 millones de pesetas y tienden a crecer, mientras que los ingresos por primas permanecen estancados en unos 5.000 millones, y las recuperaciones suponen poco más de 20.000 millones.

Las secretarías de Estado de Hacienda y Economía se han puesto de acuerdo en desaconsejar el intento de bajar de precio los seguros de crédito a la exportación. Frente a los argumentos de Comercio, alineados con los de los exportadores, gran parte de la plana mayor del departamento ha esgrimido el fuerte aumento del coste en que ha incurrido el erario público por las indemnizaciones para cubrir impagados debidos a riesgos políticos.Aunque "todo depende ahora de lo que diga el ministro", una alta fuente del departamento señaló que no parece razonable el perder con la rebaja de primas cerca de 1.000 millones de pesetas más. El Estado ha incurrido, a través del Consorcio de Compensación de Seguros, en un coste neto durante 1987 próximo a los 70.000 millones de pesetas, pues debe atender los déficit originados por riesgos políticos (cuando el comprador no paga por decisiones de su país).

Desde que la crisis financiera de la deuda del Tercer Mundo sorprendió a la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE) con un riesgo de un billón de pesetas, sus indemnizaciones por operaciones exportadoras aseguradas prácticamente se han duplicado de un año a otro, pasando desde 7.500 millones de pesetas en 1982 a casi 90.000 en 1987. Descontados los ingresos por primas y reembolsos, el déficit a afrontar en última instancia por el Estado ha evolucionado de forma paralela: fueron más de 40.000 millones de pesetas netos en 1986 y el pasado año rondaron los 70.000 millones. Y ello a pesar de la drástica caída de las exportaciones al Tercer Mundo; las dirigidas a América Latina han pasado desde más del 10% del total a menos del 5%.

Solicitud empresarial

La empresa CESCE,creada hace 17 años por organismos estatales y grandes bancos y aseguradoras privadas, pero que en materia de riesgos políticos se limita a administrar y cargar los déficit al Estado, se había comprometido en junio pasado ante el Consejo Asesor de la Exportación a estudiar una rebaja de tarifas en operaciones por riesgo político a medio y largo plazo. Decían los empresarios que las tarifas son más elevadas que en otros países del entorno e inciden en la competitividad, sobre todo ante concursos internacionales donde es frecuente la competencia desleal mediante subvenciones encubiertas. La propuesta de rebaja de primas efectuada por CESCE recibió el apoyo de Comercio.Pero desde entonces tanto la Dirección General de Seguros (Economía) como la Secretaría de Estado de Hacienda han puesto numerosos reparos. Pese a que Comercio ha insistido en que otros países cuyos Estados incurren en fuertes déficit estatales han rebajado las primas, las secretarías de Estado de Economía y Hacienda replicaron que se trata de países más ricos que España.

Carlos Solchaga, quien debe pronunciar la última palabra, podría respaldar estos últimos argumentos y decidir, además, poner freno a dichos costes públicos, según fuentes del departamento. El ministro se habría planteado la posibilidad de que los créditos presupuestarios destinados a los riesgos políticos dejen de ser automáticamente ampliables, lo cual obligaría al sistema a reducir su desequilibrio.