Los contenciosos con la Generalitat siguen bloqueados tras la reunión Guerra-Roca

El Gobierno y la Generalitat catalana no consiguieron desbloquear ayer sus principales contenciosos, después de que se reuniera Miquel Roca, portavoz de Minoría Catalana, con Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno, y con Joaquín Almunia, ministro para las Administraciones Públicas. Ninguno de los recursos interpuestos por ambas administraciones fue retirado tras la sesión matutina de la comisión mixta de cooperación y el Gobierno no cedió en su valoración sobre el coste de la normalización lingüística en un encuentro posterior en el Congreso de los Diputados.Ni Roca ni Almunia quisieron dar una imagen demasiado negativa de las reuniones mantenidas ayer, pero ambos políticos lanzaron acusaciones veladas hacia la otra parte. Roca dijo que no podía decir que estuviera satisfecho, "pero se ha conseguido algún avance de trascendencia". Almunia recordó que "nunca el Gobierno ha provocado conflictos artificiales y si alguien que no es del Gobierno ha creado algún problema, a nosotros no nos incumbe, ni lo podemos evitar".

La proximidad de las elecciones no será obstáculo para que se celebre un nuevo encuentro de la Comisión de Cooperación, pero el portavoz de Minoría Catalana reconocía en privado que será difícil obtener algún acuerdo resonante antes del 29 de mayo, fecha para la que se han convocado las elecciones autonómicas catalanas. Por su parte, Almunia se mostraba excéptico sobre la voluntad de CiU de avanzar en la actual coyuntura.

Por la tarde, Guerra y Almunia se encerraron en el despacho del primero junto con Roca para tratar de los flecos de la financiación.

Sólo se debatió el capítulo de la normalización lingüística, que la Generalitat evalúa en 5.500 millones. Esta cantidad es la que el Gobierno, según Roca, debería abonar para atender esta factura. Guerra se limitó a entregar un documento, "como respuesta a otro documento anterior que me fue presentado", y el político convergente no quiso adelantar su opinión, ya que "la respuesta debe ser matizada por los servicios técnicos del Gobierno catalán".