La Administración tendrá que completar en seis meses el censo de sus trabajadores
El ministro de Administraciones Públicas, Joaquín Almunia, declaró ayer en conferencia de prensa que con el nuevo proyecto de ley sobre la función pública, aprobado en el último Consejo de Ministros, "el 96% de los puestos de trabajo de la Adnúnistración se cubrirán por concurso de méritos, y que el 4% restante lo será por libre designación, que quedará circunscrita a subdirectores generales, directores regionales y provinciales de los departamentos ministeriales y secretarías de altos cargos". Almunia señaló que el acuerdo tomado por el Consejo de Ministros establece que en un plazo de seis meses se complete la relación de los puestos de trabajo de la Administración. Según el ministro, "en esta legislatura se ha confeccionado la relación de 50.000 puestos, y antes del 31 del próximo mes de julio se realizará la de otros 180.000".Este proyecto de ley modifica la ley de Reforma de la Función Pública de agosto de 1984, que fue declarada parcialmente inconstitucional en junio de 1987.
El ministro afirmó que con la anterior ley, más conocida como Ley 30/1984, "de cada tres puestos cubiertos, dos lo han sido por concurso, y uno, por. libre designación, y que en los dos primeros meses de 1988 esa proporción ha pasado a ser de cinco a uno".
Otras novedades del proyecto de ley son la regulación de la carrera administrativa para fomentar la promoción y movilidad de los funcionarios y la clara distribución de los puestos de trabajo a cubrir por los funcionarios y el personal laboral contratado. En este sentido, el principio general es que todos serán cubiertos por funcionarios, salvo actividades no permanentes, propias de oficios, de carácter instrumental o servicios sociales y aquellas -que fijan conocimientos técnicos especiales,para los que no exista una categoría funcionarial.
Joaquín Almunia aseguró que los 170.000 contratados laborales que existen en la Administración podrán pasar a ser funcionarios y no perderán sus posibilidades de promoción.
Otras medidas recogidas en el proyecto de ley son la obligación de reservar el 2% de las ofertas de empleo público de cada año a personal minusválido y el cambio de denominación de los letrados del Estado por abogados del Estado.
El ministro aseguró, por último, que el próximo 15 de marzo la junta electoral proclamará los resultados definitivos de las elecciones sindicales de la Administración, y que en abril se constituirá el Consejo Superior de la Función Pública.
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