El Reino Unido separará a los funcionarios políticos de los simples ejecutores

El Gobierno británico ha decidido poner en marcha un plan de reorganización de la Administración que contempla la división entre quienes desempeñan tareas políticas, un núcleo de unas 30.000 personas, y quienes ejecutan las directrices, el grueso de los 588.000 funcionarios del Reino Unido. Margaret Thatcher pretende distribuir a este segundo grupo en agencias no ministeriales capaces de desarrollar su trabajo con mayor eficacia.

La reforma de la Administración británica es un objetivo que se ha marcado cada uno de los últimos inquilinos del 10 de Downing Street. Thatcher encomendó hace tiempo el estudio de las posibles alternativas e instituyó una llamada Unidad de la Eficiencia, que acaba de hacer público el resultado de su trabajo, un informe titulado Mejora de la gestión: los próximos pasos. En función de las recomendaciones del documento, menos radicales que las de los primeros borradores, Thatcher ha anunciado en los Comunes la puesta en marcha del proyecto, que en un primer año afectará a 70.000 empleados públicos.La segunda parte del cambio que propone el informe es que los titulares de las agencias que han de desempeñar funciones que ahora se realizan en los ministerios descarguen de responsabilidad a los ministros. Thatcher, sin embargo, ha manifestado que cada agencia dependerá de un ministro, quien no quedará exonerado de responsabilidades, sino que será quien haya de responder del funcionamiento de la entidad ante el Parlamento.

Racionalizar la gestión

Lo que se pretende con esta reorganización es racionalizar la gestión de modo que cada agencia desarrolle el trabajo que le corresponde con el personal capacitado que sea necesario. Los eventuales organismos que se creen seguirán estando integrados por funcionarios y dependiendo de la Administración.Los sindicatos han recibido con reluctancia la reforma, que ven como un primer paso hacia la privatización tras el que vislumbran despidos y pérdida de capacidad negociadora, pero un portavoz de una asociación profesional de funcionarios dijo que el plan era un paso adelante en el establecimiento de una función pública más eficaz.

Una encuesta realizada por televisión en la calle mostraba un clamor por la reforma de determinados servicios. Una mujer en vísperas de contraer matrimonio dijo que llevaba tres meses esperando la tramitación del pasaporte y veía que se iba a quedar sin luna de miel. El Departamento de Pasaportes es uno de los 12 primeros que van a verse afectados por la reforma.