El fiscal pedirá una fuerte condena para los implicados en el 'caso SAVE'

El ministerio fiscal solicitará una fuerte condena para Vicente Iborra, ex presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, por su implicación en el caso SAVE. Iborra es el presidente del consejo de administración de la Sociedad Anónima Valenciana de Estacionamientos (SAVE) y, junto al gerente, Francisco Casañ, está procesado por los presuntos delitos contra la hacienda pública, de falsedad documental y apropiación indebida. Otras 22 personas, entre las que hay directivos y funcionarios de Aeropuertos Nacionales, están procesadas por los dos últimos.La policía descubrió en noviembre de 1985 un zulo en una de las oficinas de SAVE, y encontró máquinas para falsear los billetes de 11 estacionamientos que la citada empresa explotaba en otros tantos aeropuertos españoles. De esta manera, se conseguía una fuerte merma en las liquidaciones al Estado. El fraude puede alcanzar los 760 millones.

El fiscal jefe de la Audiencia Territorial de Valencia, Enrique Beltrán, ha ordenado al fiscal que entiende del caso SA VE, Fulgencio Carrillo, que solicite la conversión de la causa en un sumario ordinario. Esto significa que las penas pedidas supondrán como mínimo el grado de prisión mayor, de seis años y un día a 12 años. Hasta ahora el caso se ha tramitado como sumario de urgencia.

La conversión de la causa en sumario ordinario, de ser aceptada por el tribunal que entiende del caso, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia, supondrá un nuevo retraso en la tramitación del proceso.

24 procesados

El juez instructor, Juan Bautista Cremades, procesé a 34 personas en esta causa. Un recurso de los implicados, que prosperó parcialmente ante la audiencia, dejó en 24 las personas procesadas y eliminó varios de los delitos que se les imputaba.Las investigaciones policiales de este caso se iniciaron en Barcelona a raíz de la denuncia de un antiguo empleado de SAVE. Iborra, Casañ y otras personas fueron detenidas el 18 de noviembre de 1985, y quedaron en libertad provisional después de pagar una fianza de cinco millones de pesetas.

Enrique Beltrán confirmó ayer que la petición de condena será elevada y aseguró que el proceso ordinario "ofrece mayores garantías procesales". Dada la relevancia del caso, la cúpula del ministerio fiscal en Valencia debatió el pasado miércoles los términos de la calificación provisional y se acordó introducir algunas modificaciones técnicas.

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