Procesadas 14 mujeres en Salamanca por haber abortado voluntariamente

El Juzgado de Instrucción número 1 de Salamanca ha procesado a 14 mujeres por haberse sometido voluntariamente a la interrupción de su embarazo en la clínica Canalejas, intervenida por la policía en septiembre de 1986. Éstos son los primeros procesamientos de mujeres atendidas en la clínica, después de los aplicados a los responsables del centro: dos médicos, el gerente, una psicóloga, dos ATS y otras dos empleadas, todos en libertad provisional.

Las mujeres procesadas desconocen todavía la decisión judicial, ya que casi todas ellas son de fuera de la provincia de Salamanca y la comunicación les llega a través de los juzgados de sus ciudades.Las pruebas con que cuenta el juez, que dictó los procesamientos a instancia del fiscal, son varias, ya que al parecer ha comenzado por las mujeres que aceptaron en sus declaraciones que habían interrumpido su embarazo y figuran identificadas en las fichas, historiales, o en las cintas grabadas por la policía pocos días antes de la operación. El fiscal jefe de la Audiencia de Salamanca, Francisco Muñoz Zatarán, que ratificó ayer la información del juez, manifestó que él cree que debe cumplirse la ley, y, por tanto, si a los responsables de la clínica se les procesó, debe aplicarse también la ley a las mujeres.

El juez, Hilario Muñoz, no quiso facilitar más datos amparándose en el secreto profesional y en la continuidad del sumario, ya que posiblemente pueda haber más procesamientos.

El fiscal considera que no puede ocultarse la realidad de los hechos y que, si son varios centenares las mujeres que abortaron en la clínica Canalejas, la sociedad debe reconocerlo y afrontar la situación de la forma más conveniente, con lo que implica a los legisladores en la resolución del problema del aborto en España.

A lo largo de este proceso las decisiones jurisdiccionales han sido contradictorias en algunos momentos. El fiscal recurrió varios autos del juez. Luego, éste decidió no tomar declaración a las mujeres de las que se poseían más datos, pero la Audiencia anuló también este auto. La policía requisó en la clínica 250 fichas y 79 historiales, y detuvo a 20 mujeres que esperaban en la consulta, y que quedaron en libertad una vez terminada su declaración en comisaría. Los directivos y los médicos del centro siempre afirmaron que se habían realizado en él 3.000 interrupciones de embarazos.