El fiscal pide más de 2.000 años a cada miembro del 'comando Madrid' por el atentado en el que murieron 12 guardias

El fiscal de la Audiencia Nacional ha solicitado casi 9.000 años de prisión para los cuatro miembros del comando Madrid de ETA Militar acusados del atentado contra un convoy de la Guardia Civil en la plaza de la República Dominicana de Madrid en junio de 1986, en el que resultaron muertos 12 guardias jóvenes y heridos otros 43, además de 17 transeúntes lesionados. Las indemnizaciones pedidas para los herederos de los fallecidos, los lesionados y los perjudicados por daños materiales superan los 300 millones de pesetas.La petición del fiscal es de 2.232 años de cárcel para Esteban Esteban Nieto, José Ignacio de Juana Chaos, Antonio Troitiño Arranz e Inés del Río Prada, como autores cada uno de ellos de un delito de atentado con resultado de muerte, 11 delitos de asesinato consumado, 78 delitos de asesinato frustrado y otro de estragos. A pesar de lo elevado de las penas solicitadas, ninguno de los cuatro acusados cumplirá más de 30 años de privación de libertad, pena máxima existente en el ordenamiento jurídico español. Por otra parte, los tres hombres han sido ya condenados por su pertenencia a ETA en el sumario matriz que se tramitó contra ellos.

José Manuel Soares Gamboa e Idoia López Riaño, procesados por su participación en este atentado, se encuentran en paradero desconocido y han sido declarados en rebeldía.

Según el fiscal, Inés del Río suministró información al comando sobre el movimiento de vehículos de la Guardia Civil que habitualmente salían de la Academia Especial de Tráfico, con sede en la calle de Príncipe de Vergara de Madrid. El grupo decidió atacar al convoy que, integrado por un autobús, un microbús y un land rover, salía todas las mañanas del acuartelamiento para dirigirse hacia un campo de maniobras. El 1 de junio de 1986, los miembros del comando acudieron al Rastro madrileño, donde adquirieron una furgoneta Sava por 175.000 pesetas.

La furgoneta fue trasladada a un garaje que el comando tenía alquilado en la calle de Sambara de Madrid. Allí, los etarras prepararon cinco ollas de presión repletas de tornillos, tuercas y eslabones de cadena, que fueron conectadas a 85 kilos de Goma 2 y un mecanismo detonador accionado por mando a distancia.

El lugar escogido para el atentado fue la plaza de la República Dominicana, a la altura del número 7, donde el comando tenía estacionado un segundo vehículo que sustituían por la furgoneta con explosivos. El vehículo bomba fue situado en varias ocasiones en el lugar del atentado, pero fue retirado después porque el convoy de la Guardia Civil no pasé por el lugar.

El 14 de junio de 1986, la furgoneta fue apostada de nuevo en el lugar del atentado, y a las 7.45, cuando un autobús, un microbús y un land rover de la Guardia Civil con 73 guardias jóvenes pasaban junto a la furgoneta Sava, Troitiño accionó el detonador, causando las muertes ya descritas y daños a 298 viviendas.

Ruiz Polanco

Por otra parte, el fiscal pidió ayer 56 años de cárcel para el presunto etarra Patxi Agorreta, acusado del lanzamiento de una granada contra un cuartel de la Guardia civil y la colocación de una bomba en el coche de un guardia, que al hacer explosión causó la muerte del conductor y graves heridas a otro agente.Agorreta, que tiene pendientes diez sumarios, ha sido absuelto en dos ocasiones anteriores debido principalmente a que el juez Guillermo Ruiz Polanco, conocido por el caso de la abogada Cristina Almeida, tomó declaración al acusado cuando éste tenía perturbadas sus facultades mentales como consecuencia de un proceso diabético, y así fue ratificado por dos peritos.