Críticas a la pasividad dela Guardia Civil ante los malos tratos a mujeres

La directora del Instituto de la Mujer, Carlota Bustelo, criticó ayer en el Senado las reticencias de las fuerzas de seguridad para perseguir y tramitar las denuncias por malos tratos a mujeres. Carlota Bustelo afirmó que la Guardia Civil "aún ignora si es procedente aceptar las denuncias, o se niega a hacerlo por entender que es cuestión que pertenece a la esfera privada del matrimonio". En 1987 fueron presentadas en comisarías 16.500 denuncias por nudos tratos a mujeres, y un total de 89 murieron a manos de su marido o compañero, según Bustelo.

Carlota Bustelo compareció ante la Confusión de Derechos Humanos del Senado, que elabora actualmente un informe sobre esta cuestión. Pese al paulatino aumento de denuncias por malos tratos en los últimos años en 1986, la cifra se elevó a 15.681; es decir, 1.976 más que el año precedente-, se estima que éstas sólo representan un 5% del total de casos reales.Aunque Carlota Bustelo estimó que en la policía se había experimentado una acusada mejora que no apreciaba en la Guardia Civil en la persecución de estas agresiones, matizó que "en algunas inspecciones de guardia, en número muy reducido, siguen intentando convencer a los denunciantes de que por su bien desistan de su propósito de realizar la denuncia".

La directora del Instituto de la Mujer censuró también el "exceso" de sentencias absolutorias, debido en buena parte a la falta de pruebas ante la tardanza en la realización del informe del forense. A su juicio, algunos jueces parten "en algunas ocasiones, o en muchas ocasiones, de una serie de prejuicios tendentes a quitar importancia a esas agresiones".

Carlota Bustelo apuntó, en su comparecencia ante los senadores, que la mayoría de las sanciones son económicas, lo que, a su juicio, repercute negativamente sobre la propia víctima, "que, paradójicamente, acaba pagando la mitad de la multa, dado que el régimen más frecuente es el de la sociedad de gananciales".

Asimismo reprochó a las administraciones local, provincial y autonómica el escaso esfuerzo que realizan para impulsar planes de protección a las mujeres maltratadas.

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