El Poder Judicial confía en el Gobierno para la dotación de la justicia

, El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) constata en la Memoria de 1987 sobre la Administración de Justicia, remitida a las Cortes y que fue hecha pública ayer, "la desproporción existente entre las demandas sociales a atender y los medios disponibles", pero confía para remediarla en la futura ley de Planta y Demarcación y en la voluntad política del Gobierno y del Parlamento. Mientras tanto, el Consejo opta por resaltar los aspectos positivos de la política gubernamental en relación con la justicia y, en palabras de su vicepresidente, Manuel Peris, se niega a hacer "exigencias demagógicas".

El presidente del CGPJ, Antonio Hernández Gil, reconoció las "notorias deficiencias" de la infraestructura judicial, pero se apresuró a añadir que se encuentran "en trance de corrección" y quiso "hacer constar las pruebas inequívocas de reconocimiento de la situación y de voluntad política de afrontarla que [el CGPJ] ha recibido del Gobierno de la nación".

Tanto Hernández Gil como Peris y el portavoz del Consejo, Juan José Martínez Zato, centraron sus esperanzas para la resolución de las graves deficiencias del servicio judicial que se presta a los ciudadanos, en los incrementos presupuestarios que llevará consigo la futura ley de Planta y Demarcación, cuyo proyecto es, según Martínez Zato, "muy generoso".

Peris explicó que, en tanto se elabora esta ley, el Consejo se está limitando a reivindicar la satisfacción de las necesidades "urgentes e inminentes" de cada año. Preguntado sobre la pasividad del Consejo ante el retraso en la aprobación de una ley que está prevista en la ley orgánica del Poder Judicial para julio de 1986, Peris recordó que en las sucesivas memorias se ha urgido su elaboración.

Sobre la posibilidad de promover un plan de dotación económica para modernizar la justicia, similar al logrado por las Fuerzas Armadas, Peris señaló que corresponde al Gobierno y al Parlamento establecer las prioridades económicas.

Responsabilidad de los jueces

Respecto a otros aspectos, Hernández Gil resaltó los índices de laboriosidad alcanzados por la magistratura; Peris aseguró que la función disciplinaria no rebasa el 5% de la actividad del Consejo y Martínez Zato -quien afirmó que, en cuanto a transparencia, el actual Consejo está "en pelotas" respecto al anterior- manifestó que el CGPJ no es inquisitorial, sino que tiene un "respeto exquisito por la función jurisdiccional de jueces y magistrados, lo cual no debe confundirse", dijo, "con su impunidad".Precisamente en relación con la función disciplinaria, el Consejo expone en la Memoria de 1987 la conveniencia de reflexionar sobre un mecanismo que elimine la suspicacia de los ciudadanos respecto a que son los propios jueces quienes deciden en último término sobre sus sanciones. Una de las fórmulas a estudiar es la de que el control de las sanciones lo ejerza el Tribunal Constitucional.

En cuanto a la responsabilidad penal de los jueces, el Consejo aceptaría que su exigencia se atribuyese al Jurado, institución que Hernández Gil estimó importante que se ponga en marcha con cautela y rigor".