Empresarios sevillanos de vídeo comunitario denuncian por estafa a Avideco

Empresarios del vídeo comunitario acusan a la Asociación de Empresarios de Vídeos Comunitarios (Avideco) de haber sustraído de la sede social de Sevilla toda la documentación de dicha asociación, entre la que se incluyen documentos acreditativos y justificativos de movimientos de dinero por valor de cientos de millones de pesetas" según se afirma en el texto de denuncia.

Los empresarios han denunciado a Avideco por un presunto delito de sustracción de documentos, malversación de fondos y estafa.Las tres denuncias interpuestas hasta el momento acusan a los directivos de Avideco de "no haber justificado hasta el momento el destino y cuantía de forma acreditativa de todas las cantidades recibidas" por los socios de Avideco para la obtención de películas con los oportunos derechos de emisión.

Según uno de los denunciantes, Antonio Luis Ferrer Peña, representante de la empresa Canal 7, "Avideco ha dejado de suministrar películas desde la pasada semana, y después de haber solicitado por anticipado a sus afiliados 50.000 pesetas para la adquisición de material".

En las denuncias presentadas se señala que desde el pasado 18 de enero han faltado de la sede social de Avideco los documentos de la organización, entre los que se encuentran, según consta en las denuncias, "los justificantes de la adquisición de los derechos de exhibición de películas para abastecer a las empresas del sector asociadas", y que a requerimiento de algunos socios, el secretario de Avideco, Juan José Pérez Vega, afirmó que éstos han sido llevados a Madrid por el vicepresidente de Avideco, Jaime González, con el consentimiento del presidente, Domingo Rosado.

Declaración en el juzgado

Por otra parte, ayer prestaron declaración en el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla seis empresarios de vídeos comunitarios de la cita ciudad andaluza.Éstos habían sido denunciados por la Federación Antipiratería (FAP) -que agrupa a las principales asociaciones de productores y distribuidores cinematográficos y videográficos-, de un presunto delito de infracción de los derechos de propiedad intelectual de sus afiliados.