El rechazo de unos documentos esclarecedores

La decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Pamplona, Guillermo Ruiz de Polanco, de rechazar la documentación remitida por el Consejo General del. Poder Judicial (CGPJ) sobre las dolencias psíquicas padecidas por su compañero Juan José García Pérez permite poner en duda la voluntad de esclarecer los hechos por los que ayer fue juzgada la Cristina Almeida, según la defensa de la abogada. Para esta fuente resulta de difícil comprensión que unos documentos directamente relacionados con la causa sean dejados al margen del proceso.Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, el juicio contra Almeida tiene como origen afirmaciones sobre el magistrado García Pérez como las siguientes, realizadas por la abogada el 19 de noviembre de 1987 a raíz del auto dictado en un caso de aborto: "Yo sé que este juez estuvo sometido a un expediente de incapacidad mental en la Audiencia Territorial de Bilbao"; "en el auto de procesamiento se hacen afirmaciones que suponen una mentalidad demasiado retorcida para aplicar justicia"; "...al aludido expediente de incapacidad habría que incorporar el auto de procesamiento para saber si de verdad refleja una mentalidad normal".

Entre las pruebas propuestas por Almeida figuraba la petición de que se requiriera al CGPJ para que remitiera el expediente personal del juez García Pérez, así como que certificara sobre la apertura de expediente disciplinario o información sobre el mismo. Igualmente se pedía que el presidente de la Audiencia Territorial de Bilbao certificara respecto a diligencias informativas sobre dicho juez por posibles problemas psíquicos y, en concreto, si fue objeto de examen médico.

El juez Ruiz de Polanco sólo admitió solicitar a tales órganos si en el momento en que Almeida formulé las declaraciones por las que. se le procesó existía algún expediente por incapacidad mental contra el juez ofendido. El CGPJ remitió datos relativos a las dolencias psíquicas del juez García Pérez en 1985 (EL PAÍS de ayer), que no habían sido solicitados, y el juzgador las ha dejado al margen.

Las fuentes jurídicas antes citadas reconocen que el juez Ruiz de Polanco está amparado por el ejercicio independiente de su potestad jurisdiccional, que podrá corregirse, en su caso, en otras instancias. Pero consideran chocante el rechazo judicial de unos documentos que, al margen de su evaluación final junto al resto de las pruebas, pueden contribuir a esclarecer la causa que se juzga.