Cristina Almeida afirma en su juicio por injurias que ejerció el derecho a criticar a un juez

La defensa de la ahogada feminista Cristina Almeida solicitó ayer la libre absolución de su defendida en la vista oral del juicio que por un presunto delito de desacato injurioso al magistrado Juan José García Pérez se desarrolló en la Audiencia de Pamplona. A lo largo de más de siete horas de vista, Almeida negó tajantemente que las manifestaciones que dieron lugar a su enjuiciamiento hubieran contenido un ánimo de injurias hacia la persona del juez y resaltó que obedecieron a un legítimo derecho de crítica a las actuaciones de la autoridad judicial en relación con una causa por presunto aborto.

La acusación particular, sostenida por José Lecumberri abogado de García Pérez, solicitó para Almeida dos meses y un día de arresto menor y 100.000 pesetas de multa por un delito de desacato injurioso, mientras el fiscal pidió que se le impusiera una multa de 7.500 pesetas por una falta de respeto debido a la autoridad.Durante la vista, se produjeron frecuentes tensiones verbales entre el titular del juzgado de instrucción número 1, en el que se desarrolló el juicio oral, Guillermo Ruiz Polanco, y la acusada, Cristina Almeida, al denegar el magistrado numerosas pruebas documentales, testificales y periciales, solicitadas por la defensa para tratar de demostrar la veracidad de las frases de Almeida sobre la mentalidad "demasiado retorcida" de García Pérez para aplicar Justicia.

Ruiz Polanco denegó una nueva solicitud de la defensa para que testificaran en la vista oral los médicos forenses doctores Angel Burgués y González Pinto, pertenecientes a las audiencias de Pamplona y Bilbao, respectivamente, y que en 1985 realizaron informes periciales sobre la enfermedad psiquiátrica de García Pérez. Ruiz Polanco se negó expresamente a la lectura pública de los documentos enviados al juzgado por el Consejo General del Poder Judicial relativos a los informes médicos que figuran en el expediente personal del juez García Pérez.

Indefensión

Almeida pidió que constaran en acta sus numerosas protestas, alegó indefensión y anunció su interés en promover un posible recurso de amparo constitucional ante la imposibilidad de demostrar documentalmente alguna de las manifestaciones que dieron origen a su procesamiento.La abogada, que ejerció su propia defensa, fue interrogada durante la vista y asumió las frases que se le atribuyeron. Recalcó que "siempre fueron realizadas respecto a una resolución judicial que consideraba injusta, nunca respecto a su autor, persona a la que en ningún momento me referí y sobre la que en la mesa redonda no se me formuló cuestión alguna". La abogada añadió que su intencionalidad fue siempre la de ejercer el derecho constitucional de crítica de "una resolución pública de procesamiento que supone el mensaje de una persona a la sociedad, que a su vez tiene el derecho de vigilar la actuación correcta de la Administración de justicia".

El fiscal y la acusación particular impugnaron la remisión por parte del Consejo General del Poder Judicial a la Audiencia de Pamplona de informes reservados sobre García Pérez, en los que se reflejaban sus padecimientos psíquicos, llegando el fiscal a calificar el hecho como "anticonstitucional", al producir la indefensión del juez, que nunca tuvo acceso a los mismos. El magistrado Ruiz Polanco denegó la incorporación de los mismos como prueba de la vista, al señalar que "el Consejo del Poder Judicial ha remitido unos documentos de motu propio y que nadie le pidió".

Crítica y 'carta blanca'

La acusación particular, en sus conclusiones definitivas, afirmó que la abogada pretendió deshonrar y despreciar a García Pérez, injuriándolo con publicidad y reiteración para desvirtuar el auto de procesamiento que su defendido dictó por un supuesto delito de aborto, haciéndolo aparecer como "una resolución atropellada propia de un demente" y dijo que el derecho de crítica judicial "no otorga carta blanca al insulto, la injuria o la calumnia".Fuertes contingentes policiales, que vigilaban el exterior de la audiencia, protegieron la salida de Almeida del edificio, ante los gritos e insultos de .asesina", proferidos por varias decenas de jóvenes concentrados en el exterior y que lanzaban eslóganes contra ella, acusándola de insultar y despreciar a los jueces. La policía tuvo que utilizar sus porras para evitar que Almeida fuera agredida. Previamente, este grupo protagonizó incidentes con una concentración de solidaridad con la abogada y por el derecho al aborto, en la que participaron también varias decenas de personas.

La policía practicó al menos una detención entre el grupo de personas que insultaban a la abogada, y en el transcurso de los incidentes cuatro miembros de CC OO resultaron contusionados y una joven feminista tuvo que ser asistida en el Hospital de Navarra, con una herida en la cabeza.