Las oposiciones 'indignas'

El ministro de Educación, José María Maravall, intervino recientemente en el Congreso de los Diputados para hacer una valoración ante la Comisión de Educación sobre el desarrollo y aplicación de la ley de Reforma Universitaria (LRU). Las declaraciones que le imputan las referencias de prensa le atribuyen textualmente afirmaciones que hablan de la posibilidad de obtener resultados mediocres mediante la aplicación estricta de la LRU, al mismo tiempo que sugieren que el propio ministro emitió un juicio adverso -de "decisiones indignas", parece que habló- sobre unas oposiciones recientes a las que periodísticamente se ha aludido como caso Lledó. Estamos seguros de que aquí el periódico se ha extralimitado en su cometido informativo, pues sería muy grave que el propio ministro autor de la ley de autonomía universitaria la transgrediese desde su más alto poder político, realizando, una intromisión flagrante en la misma ley que él ha inspirado. Es cierto que tenemos en nuestro país una historia muy larga de intromisiones del poder político en la vida universitaria, pero estas intromisiones han solido provenir de sectores políticos de la derecha; sería muy negativo ciertamente -e insólito en nuestra vida cultural- que esas intron-fisiones proviniesen ahora de la izquierda. Por otro lado, se da la circunstancia de que esas declaraciones no han sido rectificadas, lo que da por bueno el dicho popular: "El que calla, otorga". Estamos, pues, ante un silencio oficial que en este caso resulta cómplice de una supuesta afirmación del ministro que, a nuestro juicio, debería ser rectificada si es que no responde a la realidad.Ante una campaña de prensa que ha puesto en entredicho de forma muy grave el funcionamiento de nuestra Universidad, yo no estoy dispuesto a hacerme cómplice de las múltiples tergiversaciones y de las afirmaciones injuriosas que al respecto se han vertido de la forma más irresponsable, máxime cuando estoy directamente implicado como miembro que fui de la comisión que decidió el resultado final. Y esto no quiere decir que yo vaya a hacer públicos hechos que, por el carácter secreto de las deliberaciones del tribunal, no estoy autorizado a revelar, sino que me parece estar cívicamente obligado a someter a juicio público -puesto que pública ha sido la reacción ante el caso- una serie de reflexiones que creo pertinentes a la aclaración del mismo y a la actual situación universitaria.

En primer lugar, declararé que me parecen gravemente irresponsables las afirmaciones e injurias que desde sectores muy opuestos se han lanzado sobre esta oposición sin tener los elementos de juicio mínimamente necesarios. Las posturas se han tomado, por una gran mayoría, sin conocer los materiales que los concursantes presentaron a la oposición -proyecto docente e investigador, curriculum vitae, programa de la asignatura, etcétera- y sin ni siquiera haber leído o conocer las publicaciones de los participantes, lo que ciertamente coloca sus afirmaciones en una situación que no es de recibo. Me consta que muchos de los que ahora defienden a Lledó o no han leído sus obras o no están capacitados para juzgarlas, sino que lo hacen desde posturas apriorísticas, muchas veces de carácter exclusivamente político, dejando aparte el hecho de que ni siquiera son especialistas en filosofía. A mí, desde luego, no se me ocurre juzgar el resultado de unas oposiciones a termodinámica sin saber nada de la materia, pero todo el mundo puede emitir un juicio sobre Historia de la filosofia moderna y contemporánea, con especial incidencia en la hermenéutica filosófico-antropológica del pensamiento moderno y contemporáneo sin tener la menor idea del asunto.

Me parece que la ocasión puede ser buena, en todo caso, para reflexionar sobre un aspecto concreto de nuestra situación universitaria: la que se refiere a la selección del profesorado; pero antes de entrar en el tema de las controvertidas -"indignas", según la frase atribuida al ministro- oposiciones, quisiera hacer unas puntualizaciones que, sin desvelar el secreto profesional antes aludido, ayuden a hacer algo de luz al respecto. Como mi intención de voto fue emitida públicamente desde el primer momento y reiterada en dos ocasiones durante la celebración del concurso, no desvelo ningún secreto diciendo que éste era inicialmente favorable a don Emilio Lledó; sólo los ulteriores cambios de impresiones con el resto de los miembros del tribunal me llevaron a la convicción de que ése podría ser un voto testimonial, pero en ningún caso dejaría de ser tal, por lo que desistí en dicha intención.

Una vez rechazada esa posibilidad, la elección quedaba reducida a tres candidatos, y tengo que decir que nadie esgrimió argumentos extraacadémicos o extrafilosóficos en las múltiples deliberaciones que mantuvimos. Por lo demás, tengo que manifestar asimismo que no tengo ninguna duda de que si la cátedra en cuestión hubiese sido de filosofia griega, nadie hubiera dudado en adscribirla a don Emilio Lledó aunque ya fuera catedrático de esa materia en otra universidad, pero el hecho de que se tratara de una materia distinta -que el doctorLledó ha cultivado de manera intermitente, aunque con profundidad- le colocaba en un punto de partida favorable, pero en ningún caso indiscutible, como pretenden sus partidarios. Desde luego, el comparar a Lledó con Hegel, como se ha hecho desde los titularers de este periódico, parece fuera de toda medida, claro índice del espíritu partidista con que se ha alimentado la campaña.

Y ahora pasemos al tema que me parece más importante de todo este asunto que se ha convertido en proceso público, y es el que se refiere -como antes decía- al de la selección del profesorado universitario según viene definido por el articulado de la LRU. En la actual legislación se trata de mantener un equilibrio entre anteriores prácticas universitarias -las viejas oposiciones franquistas- y un nuevo espíritu que se supone favorecería la autonomía universitaria. A este último fin se ha: tomado la decisión de que los departamentos -eje de la actual estructura universitariapuedan proponer los puestos de presidente y secretario de las respectivas comisiones para la adscripción de plazas, lo que unido a otros tres miembros provenientes de universidades distintas a la que convoca la plaza podría introducir un elemento de compensación entre los elementos endógenos y los exógenos. Hay que reconocer que el espíritu que inspiraba dicha ley era lógicamente impecable y universitariamente correcto. Los dos elementos endógenos podrían pecar de endogamia, pero la existencia de otros tres miembros provenientes de fuera compensarían con creces dicha tendencia, inclinándola en un sentido académicamente más universalista y universitariamente más elevado. En la práctica se ha demostrado que esto no es así y que el peso de presidente y secretario son determinantes, habida cuenta de que sólo se necesitan tres votos para obtener la plaza correspondiente y que -supuesto que los dos de casa favorecen el espíritu doméstico y permanecen unidos en la intención de voto- basta q'ue uno de los tres miembros foráneos se decida en el mismo sentido para que el departamento salga siempre victorioso en la elección del candidato local.

En refuerzo de tales planteamientos se esgrimen argumentos de que este tipo de selección del profesorado no sólo es endogámico, sino que perjudica la movilidad universitaria y el intercambio científico, promoviendo actitudes de aislamiento y provincianismo. Aunque esto favorecería el rebajamiento del actual nivel educativo -en línea con la política de los ciclos impulsada desde la propia ley-, no siempre tiene que ser así; de hecho, la permanencia en un puesto universitario estable puede favorecer la creación de escuelas y el espíritu de la investigación en equipo. El que no se haga así me parece que no siempre debe ser imputable a la maldad del sistema, sino a la de los que lo aplican erróneamente, con actitudes que nunca estuvieron en el espíritu del legislador. Como casi siempre, aquí entra en juego la polémica eterna sobre si puede un sistema ser bueno de por sí cuando quienes lo aplican están llenos de defectos. Pido perdón por los míos si los hubiere, pero quiero dejar a salvo la honestidad de quienes hemos participado en el caso particular que ha motivado estas líneas. En cualquier modo, tengo que decir -¡y lo más alto que se pueda.?- que el clima de dimes y diretes, enfrentamientos personales, acusaciones indiscriminadas y toda la campaña orquestada que ha rodeado este asunto no favorece el ambiente de sosiego y de serenidad que requiere el estudio y la investigación, por lo que cualquier cambio que se haga en la ley -y a la luz de los hechos esto parece ineludible- debe hacerse con el ánimo de evitar en el futuro este tipo de apasionamientos e irracionalidades. A este fin me gustaría contribuir -y en esa intención las he escrito- con las líneas anteriores.