El Gobierno quiere ampliar las atribuciones del Defensor del Pueblo para darle poder coercitivo

El Gobierno está dispuesto a introducir modificaciones en la ley orgánica que regula la institución del Defensor del Pueblo para conferir a este comisionado de las Cortes mayores competencias y posibilidades de ejercer algún tipo de acción coercitiva para con las Administraciones que persistan en un funcionamiento anómalo en relación con los ciudadanos, según informaron fuentes gubernamentales. El presidente del Congreso, Félix Pons, firmó ayer la resolución por la que declara vacante el cargo al cumplirse los cinco años.

La ley orgánica que regula esta institución prevé en la disposición transitoria que una vez transcurridos cinco años de su entrada en vigor el titular de la institución podrá proponer modificaciones mediante un informe razonado. Joaquín Ruiz-Giménez, aunque no ha entregado formalmente este informe, ha puesto de manifiesto en sus intervenciones en las Cortes la conveniencia de abordar algunas modificaciones, a la vista de los problemas con los que se ha ido encontrado en estos primeros cinco años de andadura.Fuentes gubernamentales indicaron a este periódico que el Ejecutivo está dispuesto a aceptar las sugerencias de Ruiz-Giménez. "Va a ser conveniente añadir más prerrogativas y mejorar la institución para alejar cualquier riesgo de que quede como algo grandilocuente y sin funciones", dijeron estas fuentes.

Llamadas al orden

La facultad para pedir responsabilidades a determinados funcionarios por una deficiente gestión puede ser una de las modificaciones, así como la de "supervisar la marcha de los procedimientos y de las ejecuciones de las sentencias, dirigiéndose de forma directa a los presidentes de las audiencias", dijo Ruiz-Giménez a este periódico.Para ahorrar a esta institución las frecuentes llamadas al orden que tiene que hacer a determinadas Administraciones para que respondan a los requerimientos del Defensor del Pueblo, puede ampliarse el plazo que actualmente tienen para contestar, que ahora es de 15 días prorrogables otros 15. En la Oficina del Defensor del Pueblo se ha mostrado comprensión ante las tardanzas en la respuesta de ayuntamientos modestos con medios muy limitados, pero no así respecto a los injustificados silencios de corporaciones como la de Madrid o la de Barcelona. Una mayor capacidad "coercitiva", según expresión de un miembro del Gobierno, del Defensor del Pueblo acabará con los casos de falta de colaboración.Los portavoces del Gobierno consultados señalan que los momentos "más duros" con Ruiz-Giménez fueron cuando éste y sus adjuntos decidieron recurrir ante el Constitucional la ley de Objeción de Conciencia y la ley de Extranjería, "aunque sería injusto decir que ha sido una institución enfrentada al Gobierno; se ha limitado a cumplir con su obligación", dijeron estas fuentes.Ruiz-Giménez es consciente de que la utilización de su capacidad para recurrir ha sido la práctica que más "preocupación" ha causado en el Gobierno. "No hemos sido ligeros en la presentación de recursos, porque nunca hemos olvidado que las Cortes de donde emanan las leyes reflejan la soberanía popular", afirmó. La preocupación que haya podido tener el Gobierno por sus actuaciones es "saria", dado que si la institución "no levanta inquietud en el Gobierno es que no funciona", afirma. Ruiz-Giménez Recordó que sus informes han sido siempre aprobados unánimemente por todos los grupos parlamentarios.

Alvaro Gil Robles pasó ayer a ocupar de forma interina el cargo.