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El fiscal del Estado estudía la apertura de diligencias sobre la connivencia entre ETA y Herri Batasuna

Anabel Díez

La Fiscalía General del Estado "está estudiando" la posibilidad de abrir diligencias informativas en relación con las informaciones publicadas por EL PAÍS y otros medios de comunicación que revelan que la organización terrorista ETA controla y dirige el funcionamiento de las organizaciones que la apoyan .La mayoría de los partidos de la oposición prefiere no pronunciarse sobre una hipotética ilegalización de Herri Batasuna. Alianza Popular es el único partido que consideraría "una victoria moral" de la sociedad tal medida, según su portavoz, Juan Ramón Calero.

El presidente del Gobierno, Felipe González, manifestó el pasado 28 de julio en Palma de Mallorca que la ilegalización de Herri Batasuna no dependía del poder ejecutivo. "Ahora hay pruebas y en la medida que se vayan acumulando se irán pasando; hay una instrucción en marcha por quien puede hacerlo que es el poder judicial", dijo en referencia a la Fiscalía. Fuentes cercanas al fiscal informaron ayer que "estaban estudiando" la posibilidad de abrir diligencias informativas basadas en la información publicada por este periódico el pasado domingo. El acta de una reunión celebrada el mes de agosto por la Koordinadora Abertzale Socialista (KAS), de la que forman parte ETA y los partidos que componen Herri Batasuna, revelaba que la organización terrorista controla y dirige el funcionamiento de las organizaciones que la apoyan.Secreto a voces

Alianza Popular ha pedido la comparecencia en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso del fiscal general del Estado, Javier Moscoso, para que informe sobre las pruebas que esa Fiscalía ha ido acumulando en orden a proceder a una posible ilegalización de Herri Batastina. El diputado del Grupo Popular, Luis Fernando Medrano, tomó esta iniciativa tras el atentado de ETA a la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, en el que murieron 11 personas. lisos hechos condujeron al eurodiputado de AP Manuel Fraga a pedir la ilegalización de Herri Batasuna.

El portavoz del Grupo Popular, Juan Ramón Calero, dijo ayer a este periódico que la connivencia entre HB y ETA "es un secreto a voces". A su juicio, la vinculación "ideológica" era evidente, y, según las últimas informaciones, "la vinculación también es entre sus ejecutivas". Calero recordó que hay dos formas de ilegalizar a Herri Batasuna: la judicial y la vía legislativa. "Los jueces no pueden hacer nada si las leyes que hace el Parlamento no se lo permiten".

Calero sugiere al Gobierno, "si tiene voluntad política", que elabore un proyecto de ley que modifique algunos aspectos de la ley de partidos políticos.

En tal proyecto debía exigirse la obligatoriedad de los partidos a plasmar en sus estatutos una inequívoca adhesión a la Con stitución así como el reconocimiento "de la indisoluble unidad de España".

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El portavoz del Grupo Popular reconoce que la ilegalización del partido abertzale no significaría "una mayor eficacia en la lucha contra el terrorismo, pero sí una victoria moral de la sociedad española, algo muy importante cuando se está en una guerra subversiva como la que lleva ETA".

De forma contraria opina un portavoz oficial del CDS, que asegura, en nombre de su partido, que no van a pedir la ilegalización de Herri Batasuna. `Lo mejor en estos momentos de negociaciones para llegar a un consenso con todos los partidos políticos es evitar echar leña al fuego. Es evidente que el fiscal general del Estado sabe lo que tiene que hacer porque pruebas seguro que las tiene todas. Si no actúa, sus razones tendrá", afirmó este portavoz.

Los dirigentes del PSOE requeridos para expresar su opinión declinaron comentar esta cuestión.

Desde que el secretario de Organización del PSOE, Txiki Benegas, y el ministro del Interior, José Barrionuevo, comenzaron las negociaciones con los partidos para llegar a un consenso contra la violencia, a excepción de AP, éstos han bajado notablemente sus alegatos en favor de la ilegalización de HB.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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