Una campaña para olvidar

ALGUNOS SINDICATOS policiales, de representatividad muy escasa, han iniciado, al socaire del salvaje atentado de Zaragoza, una campaña popular de firmas para lograr la reinstauración de la pena de muerte. En este trabajo han encontrado, interesadamente, el apoyo de la extrema derecha más recalcitrante, ayuna de ideas políticas, o incluso de alguna idea. Tristemente, el momento escogido ha sido acertado para sus intereses, y muchos ciudadanos de a pie, justamente enfurecidos ante las patéticas escenas de hombres, mujeres y niñas destrozados por una bomba asesina, han estampado su firma en los pliegos, o cuando menos se han visto tentados a hacerlo.La irracionalidad del crimen amenaza en demasiadas ocasiones con provocar una respuesta igualmente irracional. Ante el delito miserable, ante el cruel asesinato, las víctimas, reales o potenciales, pueden caer en la trampa del miedo insuperable. Responder a la muerte con la muerte es algo que no se puede permitir una sociedad que quiera ser libre, justa y democrática. La búsqueda de una respuesta de este tipo es un objetivo de cualquier provocación terrorista. En esa espiral de violencia, en ese ataque y contraataque mortal que desean los profesionales del terror, la sociedad entera pisa un terreno pantanoso, siempre al borde de la autodestrucción moral. La fuerza de la razón siempre ha de encontrar respuestas moral y éticamente aceptables para las conciencias libres y nunca puede ceder al chantaje de la dinamita.

Los españoles nos hemos dado una Constitución que, superando tristes épocas pasadas, prohíbe la pena de muerte. Es un claro paso adelante -así saludado por todas las fuerzas políticas- que debía hundir en el olvido recuerdos recientes. Fue necesario un cambio político en profundidad para lograr el consenso generalizado que permitiera la abolición de la pena capital. Cambiar la Constitución necesitaría ahora contar con el apoyo de tres quintas partes del Congreso, meta claramente inalcanzable para los ahora valedores de esta llamada iniciativa popular, ya que ninguno de los grupos políticos con representación en la Cámara contempla la reinstauración de la máxima pena, posibilidad que ya ha sido tajantemente rechazada por miembros del Gobierno.

En cualquier caso, no merece la pena acumular argumentos legales para enfrentarse a esta iniciativa, porque los promotores de la campaña no sueñan con que se cumpla su propuesta. Es tan sólo una inmoral manera de ejercer la agitación política sirviéndose del dolor ajeno. Esta iniciativa pretende la explotación de los sentimientos populares, por una parte, y el aprovechamiento, en la más vergonzante acepción del término, de un claro rechazo hacia el asesinato que hace crecer la indignación de una sociedad que ciertamente ha aguantado ya demasiados crímenes. Sus promotores tratan también de sumar para sí el apoyo a las Fuerzas de Seguridad del Estado haciendo creer que representan un sentir general dentro y fuera de ellas.

Falsa imagen ésta, que conviene borrar cuanto antes. Policía y Guardia Civil saben que cuentan para el cumplimiento de la tarea que le encomiendan las leyes con el respaldo de todas las instituciones, sin que sea necesario resucitar viejos fantasmas para así mostrar mayor apoyo. Y no es lo más indicado que sean precisamente cuerpos armados los que pidan el restablecimiento de la pena de muerte. Los sindicatos policiales que agrupan a la mayoría de los agentes ya han mostrado a escala nacional su repulsa a esta campaña, al igual que lo han hecho las fuerzas políticas que creen en la democracia. Estos peticionarios de firmas deben saber que la respuesta al terrorismo no pasa por el tiro o por el garrote vil. Los creyentes en la cámaras de gas han de mostrarse tal cual, pero no como garantes de la justicia y mucho menos como espontáneos representantes de la opinión pública.